Sale adelante el decreto para cubrir puestos sanitarios de difícil cobertura entre avisos de inconstitucional

Las Cortes de Aragón han avalado el decreto de medidas con el que esperan ocupar puestos de difícil cobertura en hospitales y centros de salud, principalmente en el medio rural. El Gobierno aragonés tiene detectadas, en este momento, 73 vacantes de médicos de familia y 52 en el ámbito sanitario, que aspira a completar prometiendo un puesto fijo en el Salud si se permanece en ellas durante tres años de forma consecutiva.

La propuesta ha recibido el apoyo de PP, Vox, Teruel Existe y el PAR, además de la abstención del resto de grupos, que han solicitado la tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría incorporar y votar enmiendas. Sin embargo, PP y Vox se han opuesto a esta petición, por lo que el decreto entra en vigor.

El hospital de Barbastro, el Obispo Polanco de Teruel y el nuevo de Alcañiz, así como la Atención Primaria de la provincia de Teruel, son los puntos más críticos en donde se busca fomentar la continuidad de estos trabajadores, ante los problemas de falta de personal que afecta a toda la sanidad. Además, el decreto incluye también las zonas sanitarias de Huesca, Calatayud y Zaragoza III.

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Desde la oposición se considera que estas medidas son insuficientes para abordar los problemas de la sanidad aragonesa. “Es una enmienda a la totalidad de su gestión. Reconocen su fracaso, que se ha agravado la situación hasta tener demoras insostenibles en la Atención Primaria y sobrecarga del personal sanitario”, ha criticado el diputado socialista Óscar Galeano.

Igualmente, desde CHA lamentan que este decreto no responde a la “complejidad y magnitud” de los problemas de la sanidad aragonesa. “No define qué es una plaza de difícil cobertura, ni datos de vacantes, ni distingue entre situaciones coyunturales y estructurales. Plantea incentivos puntuales, débiles y mal diseñados. No ofrece soluciones a largo plazo, ni habla de formación o retorno del talento”, ha denunciado la diputada Isabel Lasobras.

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Mientras, desde Podemos creen que este decreto es inconstitucional y que acabará en los tribunales por el Ministerio de Sanidad, acusando al consejero José Luis Bancalero de tener una estrategia “evidente” de “culpar a Madrid” de sus males. A su vez, Izquierda Unida cree que el texto provoca “ambigüedad y arbitrariedad” en la cobertura de plazas.