Las Ampas públicas de los colegios de Castilla y León, contra la reducción horaria en septiembre: “Así no se concilia”

La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Centros Públicos de Castilla y León (Confapacal) ha mostrado su “inquietud” ante la próxima publicación del calendario escolar para el curso 2025-2026.

Las familias, señalan, esperan con “incertidumbre un documento clave” que, tradicionalmente, se ha dado a conocer antes a través de filtraciones que por los cauces institucionales correspondientes.

Desde Confapacal denuncian que esta práctica se repite por cuarto curso consecutivo, "dejando de lado al Consejo Escolar", el principal órgano consultivo en materia educativa.

Las Ampas públicas denuncian el calendario escolar: “Las familias nos vemos ignoradas y denigradas”

“Una vez más, nos preguntamos si el calendario se filtrará antes de pasar por el Consejo Escolar. No sería algo nuevo. Llevamos años denunciando esta falta de respeto institucional”, han afirmado desde la entidad.

Pero este año la polémica suma un nuevo ingrediente: “la posible desatención” a la resolución del Procurador del Común (Expediente 942/2023), que instó a la Consejería de Educación a retirar la reducción horaria del mes de septiembre. En dicho dictamen, el Procurador expone varios argumentos sólidos contra esta medida:

Ausencia de criterios educativos consensuados que justifiquen la reducción horaria. Falta de medidas efectivas de conciliación familiar. Incumplimiento de lo establecido en la Orden EDU/385/2017.

“¿La Consejería habrá tenido en cuenta esta resolución?”, se preguntan las familias agrupadas en Confapacal. “Son días de emoción contenida… o de la confirmación de que a la Administración le importan poco las argumentaciones educativas, sus propias normas y la opinión de la Comunidad Educativa”.

La confederación reclama un calendario escolar que se elabore “desde el consenso, la transparencia y el respeto institucional”, y recuerdan que la organización del tiempo escolar no es solo una cuestión administrativa, sino “una decisión que impacta directamente en la calidad educativa y la conciliación familiar”.