El Gobierno de Page recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto de reparto de menores migrantes

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a recurrir al Tribunal Constitucional el Real Decreto aprobado por el Gobierno central en el que se recoge el reparto de menores migrantes no acompañados (menas) entre las comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno ha autorizado, en su reunión de este martes, que los servicios jurídicos redacten este recurso de inconstitucionalidad una vez recibido el informe favorable por parte del Consejo Consultivo.

Así lo ha explicado la consejera portavoz, Esther Padilla, en una rueda de prensa en la que ha argumentado que esta decisión se debe a que este decreto fue aprobado "sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno" además de "venir sin compensación económica ni financiación". Por ello, ha alertado que "pone en grave riesgo la garantía del interés superior del menor".

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"No recurrimos para no atender. Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios", ha insistido Padilla, quien ha cifrado en 250 millones de euros la dotación económica necesaria para que el conjunto de las comunidades autónomas pueda atender a estos menores.

En este sentido, cabe recordar que según los cálculos presentados por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, en la Comisión Sectorial, Castilla-La Mancha tendría que crear 501 nuevas plazas en su sistema para cubrir este nuevo reparto.

Padilla ha señalado que teniendo en cuenta el modelo de acogida de Castilla-La Mancha, basado en viviendas en las que trabaja personal especializado y una ocupación de entre ocho y diez niños, ese medio centenar de plazas costaría unos 26 millones de euros solo a la Consejería de Bienestar Social, sin contar gastos como los derivados de la educación o la sanidad.

Por este motivo, ha esgrimido que aunque "no es de agrado recurrir un decreto que es muy sensible, es imposible garantizar el bien superior del menor si no se pone el dinero necesario para atenderlo".

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Argumentos del Consejo Consultivo

Respecto al informe que ha elevado el Consejo Consultivo al Gobierno regional, Padilla ha reconocido que coincide con el postulado del Gobierno de Castilla-La Mancha de que el Real Decreto supone una "imposición unilateral" además de producir un "flagrante quebranto del principio de coordinación" entre Estado y comunidades, ya que al afectar a derechos fundamentales, debería haber sido legislado como ley orgánica.

De igual modo, cuestiona que la norma aprobada por el Consejo de Ministros invada competencias exclusivas de los Gobierno autonómicos en materia de asistencia, protección y tutela de menores, al tiempo que le obliga a asumir gastos sin financiación.

La consejera de Page ha descrito como una "cuestión de voluntad política" que se destinen esos 250 millones de euros para atender a los menores no acompañados, teniendo en cuenta que "se han encontrado millones suficientes para atender otras emergencias".

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Page ya lo avanzó

El pasado 14 de abril, Page ya anunció la intención de su Gobierno de recurrir. En ese momento, calificó el decreto de reparto de menores no acompañados de "barbaridad" y "atropello lamentable".

Su principal crítica se centraba en la "solidaridad obligada" que, según él, imponía el Estado. El presidente castellano-manchego denunció la imposición de cupos y afirmó que no se había consultado a las comunidades. También criticó que la redistribución se fraguara "sin poner un euro el Estado".

El recurso de inconstitucionalidad no es el primero que presenta su Ejecutivo contra leyes del Gobierno nacional. La Junta de Comunidades ya interpuso en marzo otro contra el impuesto a la banca, considerando que hace a España "más desigual".

El Gobierno de Page argumenta que el gravamen fue aprobado "de espaldas" a las comunidades, que debería haberse tramitado como ley orgánica y que vulnera el principio de solidaridad al basarse en el Producto Interior Bruto (PIB) de los diferentes territorios.