Bozal, correa no extensible y seguro de responsabilidad: la polémica ley para perros potencialmente peligrosos

La regulación especial que atañe a los perros potencialmente peligrosos (PPP) en España lleva vigente, nada más y nada menos, que desde el año 1999. 

Sin embargo, el paso de los años no ha hecho que esta ley —desconocida aún para muchos— deje de generar un intenso debate entre juristas, veterinarios y defensores de los animales.

Mientras la ley mantiene su enfoque en razas específicas y medidas restrictivas como el uso obligatorio de bozal o de correas no extensibles, las críticas apuntan a su ineficacia y falta de base científica.

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Por si aún no conoces esta ley, no sabes de qué va, o si quieres conocer todos los detalles de la polémica, desde ENCLAVE ODS analizamos el marco legal, las posturas profesionales y las alternativas propuestas para conciliar seguridad ciudadana y bienestar animal.

Una ley "racista"

La Ley 50/1999, creada para "preservar la seguridad de personas, bienes y otros animales", estableció por primera vez un catálogo de razas consideradas peligrosas, como el Pitbull, Terrier o el Rottweiler.

Su desarrollo reglamentario, marcado en 2002, añadió criterios morfológicos: peso superior a 20 kg, pelo corto, mandíbulas fuertes y carácter "marcadamente agresivo".

Además, una nueva reforma en 2023, dentro del marco de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, pretendía eliminar la clasificación por razas, pero finalmente la mantuvo. Solo introdujo novedades como cursos obligatorios para dueños y la inclusión de mestizos que cumplan rasgos físicos.

La raza de perros más agresiva, según un estudio (y no está catalogada como PPP en España)

"La ley perpetúa un sistema obsoleto", critica Amparo Requena Marqués, presidenta de la Sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia, quien tilda la normativa de "racista" por basarse en "criterios subjetivos como el pelo corto o el perímetro torácico".

Benito Pérez, presidente de la Asociación Española de Veterinarios Clínicos (AEVET), sostiene que "la evaluación debe ser individual, con criterios técnicos, no raciales".

Según datos del sector, el Pastor Alemán y el Cocker lideran las mordeduras, pese a no estar catalogados como PPP. "Un Pitbull bien socializado es menos peligroso que un Chihuahua maltratado", ejemplifica Pérez.

La socialización y el entorno emergen como factores clave. María Luisa Fernández, del Consejo General de Colegios Veterinarios, señala que muchos PPP son "animales equilibrados, pero estigmatizados por su raza".

Los profesionales proponen controlar la cría con licencias que exijan conocimientos genéticos y promover la esterilización de ejemplares no destinados a reproducción.

La campaña #NoSomosPeligrosos, impulsada por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), ha recogido 16.000 firmas para modificar la ley.

Los expertos aseguran que la agresividad de los perros no depende de la raza, sino de la educación. iStock

"Un perro es peligroso por la educación que recibe, no por su raza", argumenta Anna Estarán, abogada de la organización. Además, denuncia que la normativa ha aumentado el abandono de razas catalogadas y fomentado la cría clandestina.

Otras asociaciones, como el Consejo Español de Protección Animal, critican las campañas municipales que "generan alarma social". En Cantabria, por ejemplo, el Bóxer figura como PPP pese a su temperamento sociable, un "absurdo jurídico" según Requena Marqués.

Desigualdades autonómicas

La disparidad normativa entre comunidades complica el panorama. Mientras Galicia incluye 16 razas, Andalucía solo nueve. "Es un galimatías que necesita armonización", señala Requena Marqués.

Además, el requisito de bozal y correa corta para PPP limita su socialización, incrementando riesgos. En la misma línea, juristas y veterinarios coinciden, y ambos invitan a mirar a Europa. 

¿Me pueden multar si no llevo a mi perro con bozal?

Países Bajos, Reino Unido e Italia derogaron leyes similares por ineficaces, optando por evaluaciones individuales y sanciones a dueños negligentes. "España debe avanzar hacia un modelo que priorice la conducta sobre la raza", concluye Benito Pérez.

Obligaciones legales

Uso de bozal y correa no extensible

Los propietarios de PPP deben utilizar bozal adecuado a la raza y correa no extensible de menos de dos metros en espacios públicos.

En Andalucía, la correa no puede superar un metro de longitud. Incumplir estas medidas conlleva multas de 300 a 2.400 euros. "La correa corta no solo protege, sino que facilita el control del animal en entornos urbanos", explica un portavoz del Ministerio del Interior.

Licencia administrativa

Obtener la licencia PPP es obligatorio. Entre los requisitos se incluye:

• Ser mayor de edad.

• No tener antecedentes penales por delitos graves.

• Aprobar un certificado de capacidad física y aptitud psicológica.

• Renovar cada 5 años.

En Madrid, por ejemplo, el proceso implica presentar documentación en el ayuntamiento y pagar tasas municipales. "Sin licencia, la tenencia se considera ilegal y puede derivar en decomiso del animal", advierte Amparo Requena Marqués.

Seguro de responsabilidad civil

El seguro debe cubrir mínimo 120.000 euros en daños a terceros. Algunas comunidades, como Cataluña, exigen coberturas superiores. "Es una garantía para víctimas de posibles incidentes", señala un informe del Colegio de Veterinarios de Sevilla.

Registro municipal

Los PPP deben inscribirse en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, con datos del propietario y características del animal. El incumplimiento se sanciona con multas de hasta 15.000 euros.

Medidas de seguridad en el hogar

La ley exige que los recintos donde habiten PPP tengan cerramientos resistentes para evitar fugas. En viviendas, deben permanecer atados salvo en habitáculos específicos. "Un escape podría implicar responsabilidad penal si hay daños", alerta Legalitas.

Prohibición de pasear a múltiples PPP

Ninguna persona puede llevar más de un PPP simultáneamente en espacios públicos. Esta medida busca evitar situaciones de descontrol, especialmente en zonas concurridas.

Hacia un nuevo modelo

El consenso entre expertos apunta a reformas basadas en:

• Protocolos etológicos: evaluar agresividad mediante pruebas de comportamiento.

• Formación obligatoria para todos los dueños, no solo de PPP.

• Registro de incidentes: datos transparentes sobre mordeduras para identificar patrones reales.

Como resume FAADA: "La solución no es prohibir razas, sino promover tenencia responsable". En un país con 100.000 PPP registrados, el desafío sigue siendo equilibrar seguridad y justicia.