Antxon, el socio de Cerdán, ilocalizable: el BOE lo cita a la 'comisión Koldo' y se arriesga a una pena de cárcel si no acude

Según ha podido confirmar este diario, el Grupo Parlamentario Popular hará que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique su citación si no acude al Senado este martes.

El dueño de Servinabar, que vendió el 45% de la compañía al exdirigente socialista Santos Cerdán, en el momento en que comenzaron presuntamente los amaños en las adjudicaciones de obra pública, se arriesga a una pena de cárcel por delito de desobediencia.

El Grupo Popular ha recurrido a este procedimiento tras "múltiples intentos fallidos" de localizarlo, según el departamento de Fernando Grande-Marlaska. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció el pasado viernes 20 de junio la solicitud para que Alonso comparezca el 1 de julio.

Desde entonces, el Senado ha intentado dar con su paradero sin éxito. Y ahora, el Grupo Parlamentario Popular acusa directamente a Interior de no colaborar en la búsqueda. Es más, el PP sospecha que Marlaska podría estar dificultando deliberadamente la localización. Según las fuentes consultadas, "no es la primera vez".

En ocasiones anteriores, ya ocurrió lo mismo con otros comparecientes clave: Javier Hidalgo, antiguo CEO de Globalia, matriz de Air Europa; el propio Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos; y su exesposa, Patricia Úriz. "Precisamente, ocurre con los que están más implicados o más pueden contar sobre la corrupción del sanchismo", denuncia el PP.

García advirtió de la necesidad de citar a Antxón Alonso por su relación con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "No sólo son amigos, sino socios en la empresa Servinabar, que recibió numerosos contratos de obra pública que el informe de la UCO puso bajo sospecha".

Fuentes populares subrayan que Alonso es "pieza clave" para esclarecer el reparto de estas "licitaciones millonarias" y el posible trato de favor del Gobierno de Navarra, primero, y del de Sánchez, después.

Según la portavoz popular en la Cámara Alta, "el Gobierno ha intentado boicotear los trabajos de la comisión" en numerosas ocasiones. "Su estrategia consiste en ocultar documentación y entorpecer citaciones".

En su última comparecencia en esta comisión, Marlaska "aseguró que colaboraría con la localización de los comparecientes", recuerdan estas fuentes.

"Una mentira más del Gobierno", alegan, añadiendo la sospecha de que en esta ocasión pueda deberse a que "el ministro quiere purgar a la UCO para que no se investigue al Gobierno", y estaría "jugando al despiste para no localizarlo".

También alertan los populares de "una posible filtración" desde el entorno del Ejecutivo o del PSOE. Temen que Alonso "haya sido advertido de la citación" para evitar que la reciba. "El modus operandi es evidente", indican. "Se refugian en casa y no abren la puerta, siguiendo la estrategia de bunkerización del 'sanchismo'".

Cualquiera de las dos opciones, advierte el PP, "o las dos al mismo tiempo, son posibles en la España de Sánchez, que, desesperado por tapar la corrupción que le asfixia, lanzó una guerra sucia contra todos los que quieren investigarla".

El edicto, "única solución"

En este contexto, el PP defiende que recurrir al edicto penal es la única vía. Y que ya funcionó en los casos anteriores para forzar la comparecencia bajo apercibimiento legal. El grupo popular reitera que no permitirá que esta comisión sea "silenciada ni manipulada".

Advierten de que la ocultación de Alonso no es un hecho aislado. Lo enmarcan en una actitud sistemática del PSOE y el Gobierno hacia esta investigación. Los populares recuerdan que los intentos de eludir citaciones tienen consecuencias legales, ya que no comparecer en una comisión de investigación es un delito tipificado en el artículo 502.1 del Código Penal:

"Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia".

La pena por desobediencia se describe así:

"Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que […] resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones".

Desde el comienzo de los trabajos de la comisión, el Grupo Popular en el Senado ha denunciado que el Gobierno "y los implicados en la trama de corrupción" han demorado el envío de la documentación requerida, obstaculizado la localización de los comparecientes o "mentido en sede parlamentaria".

Hidalgo fue le primero al que hubo de citarse mediante edicto penal "debido a la nula colaboración del Gobierno" para localizarlo, durante "más de un mes". Otro que hizo lo mismo, al inicio de los trabajos, fue el propio Koldo, en abril de 2024. La misma primera sesión "se puso en riesgo", según el PP, dado que "Interior no ayudó en la tarea de localizarlo" para entregarle la citación.

El mismo Koldo confirmaba esta circunstancia en una entrevista, el día anterior, concedida a este diario. "¿No me localizaban? Sí, claro, es muy difícil localizarme [ironizó]. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen conocimiento perfectamente de dónde estoy, de verdad".

Un tercer caso fue el del propio Ministerio del Interior, cuando se confesó "incapaz de encontrar a un ex alto cargo de su departamento". Se trataba de José Manuel Fraile Azpeitia, ex subdirector general de Gestión Económica y Patrimonial en 2020, y responsable de las adjudicaciones de contratos de Interior a la trama presuntamente corrupta.

"Esta vez", recuerdan las fuentes, "sí provocaron la suspensión de una comparecencia clave para esclarecer los hechos y las responsabilidades políticas derivadas", el pasado octubre.