El juez del 'caso Begoña' pide al Supremo que investigue al ministro Bolaños por malversación y falso testimonio

Así lo solicita el magistrado en un documento de 31 folios, llamado exposición razonada, ya enviado a la Sala Segunda del Supremo y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En él, el juez recuerda que el pasado 16 de abril interrogó como testigo a Bolaños. Le preguntó acerca de la contratación, con fondos públicos, en junio de 2018, de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

El audio del interrogatorio desde una tarima de Peinado a Bolaños: "Salga de la sala y averigüe datos para contestar"

En el marco de esta causa judicial, en el que Gómez está investigada, se han descubierto indicios de que Álvarez también realizó tareas personales en favor de la mujer del presidente del Gobierno. Por ejemplo, envió e-mails a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para gestionar diversos aspectos de la cátedra que Gómez co-dirigía allí.

Por ello, Peinado decidió acudir al Palacio de la Moncloa e interrogó a Bolaños en su despacho.

Insistentemente, preguntó al ministro de quién, en concreto, partió la decisión de contratar a Álvarez, adscrita a Presidencia del Gobierno. Y ahora considera que el político le mintió. O, al menos, que ocultó una verdad "que conocía".

Bolaños, que hoy es titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, fue anteriormente secretario general de Presidencia del Gobierno.

El ministro contestó con lo que Peinado denomina "reticencias maliciosas" y una "actitud totalmente proterva" y el juez le ordenó, incluso, que saliera de su despacho a recabar información.

Bolaños sí mencionó a Raúl Díaz Silva, jefe de Protocolo de la Moncloa, no como el responsable de la contratación, sino como la persona que firmó un certificado que recogía las funciones de Álvarez [ver imagen]. Por ello, Peinado le citó a declarar como testigo el pasado 28 de mayo.

El certificado firmado por Raúl Díaz Silva. EL ESPAÑOL

"En esas declaraciones, [Raúl Díaz Silva] también manifestó que él no había sido quien realizó el nombramiento, siendo, por tanto, incierta la declaración que el investigado Félix Bolaños García, contestó bajo juramento, como testigo, en una declaración judicial, lo que le atribuye, indiciariamente la condición de investigado en un delito de falso testimonio", sostiene Peinado.

Como Bolaños es ministro, está aforado. Y, por tanto, sólo la Sala Segunda puede investigarle y citarle a declarar en esa condición. No obstante, ahora, el Supremo deberá analizar la exposición razonada y valorar si existen indicios de delito en contra de Bolaños.

Delito de malversación

Asimismo, el juez también atribuye al ministro un delito de malversación de caudales públicos, debido a la contratación, pagada con fondos públicos, de la asesora de Begoña Gómez.

¿Por qué? "La razón fundamental (...) es la de que se ha nombrado a Cristina Álvarez como asistenta de la esposa del actual presidente del Gobierno (...) y los trabajos realizados por ella no se han limitado a los de asistente (...), sino en atender las necesidades en actividades de carácter privado de la investigada Begoña Gómez", expresa el juez.

¿Y por qué se lo atribuye a Bolaños? Debido a que el delito de malversación de caudales públicos "tiene carácter permanente" y "todas aquellas personas que tuvieren bajo su responsabilidad la correcta administración del destino del patrimonio público, si no llevan a cabo las actuaciones para evitar que se continúe (...), deben ser consideradas partícipes en dicho delito".

La asistente de Begoña Gómez pregunta al juez Peinado qué discordancias llevan a acordar un careo con el '2' de Bolaños

Cuando Álvarez fue contratada, Bolaños era secretario general de Presidencia. Por ello, Peinado propone al Supremo que cite a declarar como investigado al ministro y le requiera "toda la documentación" que posea sobre la contratación.

En su escrito, el juez insiste en que la asistente de Begoña Gómez realizó labores que no se limitan a tareas benéficas y de asistencia, sino también "de carácter privado" en favor de la esposa de Sánchez y "que tienen contenido económico; por tanto, no carentes de ánimo de lucro".

Se trata, expresa el juez, de labores "ajenas a aquéllas" por las que fue contratada como personal eventual (es decir, sin someterse a un proceso de selección, como corresponde a este tipo de empleados).

En concreto, Peinado menciona las gestiones que Álvarez hizo con la UCM, a cuenta de la cátedra de Gómez. "Esa actividad estaba siendo difundida públicamente, con gran despliegue de medios para que se conociera por el máximo número posible de personas", expresa el juez sobre la vinculación entre la Complutense y la esposa de Sánchez.

"La lógica conduce a que debe inferirse que estaba siendo conocida dicha actividad por los responsables superiores de la investigada Cristina Álvarez", subraya el magistrado.

Peinado incluye entre la documentación enviada al Supremo un correo electrónico publicado por EL ESPAÑOL. Fue redactado por Cristina Álvarez y dirigido a Reale Seguros, empresa patrocinadora de la cátedra de Begoña Gómez.

En nombre de la mujer de Sánchez —"A Begoña le gustaría..."—, instó a esta aseguradora a seguir financiando este proyecto académico.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno ha reaccionado a esta noticia. Fuentes del Ejecutivo muestran su preocupación "por cómo esta decisión afecta a la imagen de la Justicia".

E insisten en que "lo único bueno de que se filtrara la declaración en su día es que todo el mundo la pudo escuchar y puede cotejar lo que dice el ministro con lo que dice la exposición razonada".

"El escrito acusa al ministro de falso testimonio porque afirma que se le preguntó por la persona que realizó el NOMBRAMIENTO de Cristina Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo. Sin embargo, la realidad es que el juez preguntó por el RESPONSABLE (la persona que supervisa) a Cristina Álvarez y esa fue la información que el ministro proporcionó. Esa persona [Raúl Díaz Silva], en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones", señalan estas mismas fuentes.

"Por tanto, la exposición razonada se erige sobre una respuesta que el ministro no dio", lamentan. Y reprochan que, pese a lo que afirma Peinado, "la Secretaría General de Presidencia del Gobierno no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y Cristina Álvarez no dependía de este departamento".

"Además, no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos", finalizan.