El consejero Borja Sánchez, durante un acto tecnológico.
Asturias completa su reordenación política en torno a la I+D+I y pone la guinda con el arranque de la Ley de Ciencia
Cambia la estructura de la Consejería competente para "fortalecer el corazón industrial de la región a través de la innovación y la tecnología de vanguardia".
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Todo comenzó con la creación de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), que profesionalizaba la gestión de las políticas de I+D+I; continuó con el inicio de la redacción de la Ley de Ciencia; y, por último, la reordenación de las ayudas a la disrupción y el inicio de la tramitación de otra ley, en este caso, de inteligencia artificial, fueron otros de los hitos importantes.
Estamos hablando de cómo el gobierno de Asturias ha dedicado los últimos años a confirmar su apuesta por la innovación, investigación y desarrollo a través de decisiones estratégicas.
Pero aún había una decisión más que se había quedado en el tintero, la de la reorganización de la propia consejería.
En este sentido, esta misma semana el gobierno del Principado ha aprobado la nueva estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo "con el objetivo de fortalecer el corazón industrial de Asturias a través de la innovación, la digitalización y la tecnología de vanguardia".
La modificación también conllevará la completa renovación de las áreas de Minería y Energía, que se agruparán en una única dirección general dependiente de la Viceconsejería de Industria.
Los cambios, aprobados en una reunión telemática del ejecutivo, afectan a otros tres departamentos: Hacienda, que incorpora la gestión del Fondo de Transición Justa; Educación, que recupera las competencias de Formación Profesional, y Movilidad, que asume las políticas de Medio Ambiente.
Pero en lo que se refiere a la consejería con competencias en ciencia, innovación y transformación digital, el departamento que dirige Borja Sánchez asume parte de las competencias vinculadas anteriormente a Transición Ecológica, Industria y Comercio. En su nueva estructura, contará con una viceconsejería y cinco direcciones generales.
Una de las principales novedades es que se recupera la Viceconsejería de Industria –su titular será el ingeniero y profesor Juan Carlos Campo-, de la que dependerá una única dirección general que agrupará las áreas de Energía y Minería.
Por otro lado, las competencias de Comercio pasarán a integrarse en la Dirección General de Empresa y Comercio, que mantendrá las políticas de emprendimiento y economía social.
El departamento de Innovación, Investigación y Transformación Digital, hasta ahora viceconsejería, recupera el rango de dirección general. Finalmente, se mantienen otras dos direcciones generales: Universidad, por una parte, y Empleo y Asuntos Laborales, por otra. La consejería seguirá contando con la Subdirección General para la Estrategia del Modelo de Región y Atracción de Inversiones.
Y aún hay más, porque esta reestructuración de la consejería se ha producido de manera paralela al inicio de la aplicación de la Ley de Ciencia, que llega para convertirse, como suele decirse, en la guinda del pastel.
También en fechas recientes, el gobierno de Asturias reunió a más de un centenar de representantes de centros de I+D+I, grupos e institutos de investigación, empresas, instituciones, agentes sociales y representantes políticos para avanzar en la puesta en marcha de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La creación de un registro con las entidades que forman parte del ecosistema científico y tecnológico asturiano y la constitución del Observatorio de la Innovación serán los primeros pasos en la implantación de la norma.
Registro y observatorio
El consejero Borja Sánchez recuerda que la norma blinda la financiación de la I+D+I asturiana para los próximos años y eleva de cinco a siete años la vigencia de los programas de ayudas y atracción de talento, para converger con Europa y afianzar el crecimiento del sistema científico-tecnológico regional.
El objetivo es incrementar paulatinamente la inversión en investigación e innovación para llegar a los 1.075 millones anuales en 2030, tanto de inversión pública como privada, lo que supondría el 3% del PIB regional.
Uno de los primeros pasos será la creación de un registro para integrar y coordinar el sistema de I+D+I. El Registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Resaci) funcionará como herramienta de identificación, coordinación y seguimiento de todos los agentes públicos y privados que forman parte del sistema. Estar inscrito en ese registro será requisito necesario para acceder a las diferentes iniciativas de financiación, reconocimiento y colaboración impulsadas por la administración autonómica.
Además, el registro facilitará una mejor planificación estratégica, con datos consolidados sobre capacidades, infraestructuras, talento investigador y líneas de trabajo en el territorio. El objetivo es que pueda ponerse en marcha este año.
Otra de las grandes apuestas de la ley es el Observatorio Asturiano de la Innovación, un órgano técnico que servirá como herramienta de información y evaluación del ecosistema científico y tecnológico. Su misión será recopilar, analizar y difundir datos sobre el desarrollo de la ciencia y la innovación en Asturias, incluidos indicadores de igualdad de género, retorno de la inversión pública y participación en programas nacionales e internacionales.
El observatorio también elaborará informes estratégicos y servirá para unificar fuentes de datos y disponer de información actualizada y acreditada que permita orientar las políticas de I+D+I. Ciencia trabaja, de la mano de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), en la puesta en marcha de este órgano.
La nueva norma incorpora también el concepto de entornos de pruebas controladas de tecnología o sandbox, que permitirán a empresas, startups, universidades o centros tecnológicos testar productos, servicios o modelos innovadores en un marco regulado y supervisado. Este instrumento busca acelerar la transferencia de conocimiento desde el ámbito científico al tejido productivo y favorecer la colaboración público-privada. Una de las primeras acciones en este marco será analizar los sectores y ámbitos en los que se pueden poner en marcha este tipo de entornos de pruebas. Un ejemplo de sandbox puede ser la tecnología dual del sector de defensa o la industria aeroespacial, en la que Asturias pretende posicionarse.
