La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante una reunión del Consejo de Asuntos Sociales en Bruselas
Paro, vivienda o pobreza infantil: Bruselas vuelve a situar a España a la cola de la UE en indicadores sociales
El Ejecutivo comunitario traslada al Gobierno de Sánchez que "hay margen para más medidas" con el fin de mejorar la protección y la inclusión social.
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La Comisión de Ursula von der Leyen vuelve a situar a España a la cola de la Unión Europea en su ranking de indicadores sociales, cuya creación fue impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
En su última radiografía en profundidad sobre nuestro país, que acaba de publicarse, Bruselas señala como principales factores de riesgo para la convergencia social la alta tasa de población en riesgo de pobreza, en particular entre los niños, la desigualdad de ingresos, el bajo impacto de las prestaciones sociales, los problemas de acceso a la vivienda o el elevado paro.
El Ejecutivo comunitario apunta que algunas de las medidas adoptadas o previstas por el Gobierno de Pedro Sánchez -como la subida del salario mínimo, las reformas en los sistemas de protección social o el impulso de la formación profesional- pueden contribuir a corregir estos problemas. Pero también avisa de que "hay margen para más medidas" y resalta que los resultados dependerán de una "aplicación eficaz" y "una coordinación reforzada entre las autoridades nacionales y regionales".
El informe señala en primer lugar que las tasas de pobreza infantil en España "siguen siendo particularmente altas", con disparidades significativas entre regiones y grupos de población.
En 2023, la tasa de población infantil en riesgo de pobreza o exclusión social subió 2,3 puntos porcentuales hasta el 34,5%, mientras que la brecha de pobreza (que mide el grado de pobreza) se situó en el 31,6%, significativamente por encima de las respectivas medias de la UE del 24,8% y el 24,4%. Ambos indicadores se deterioraron aún más en 2024 hasta el 34,6% y el 32%, respectivamente.
La pobreza infantil está estrechamente ligada al empleo y las condiciones de trabajo de los padres, así como a la eficacia limitada de las medidas fiscales y las prestaciones sociales por hijos (428 euros por habitante frente a la media de 878 en la UE).
Entre los niños de origen migrante (especialmente los nacidos fuera de la UE) el riesgo de pobreza se ve exacerbado por la alta tasa de paro de los padres y su sobrerrepresentación en sectores de salarios bajos. Los menores gitanos también se enfrentan a una situación crítica, ya que el 98% viven en la pobreza.
La pobreza infantil es más frecuente en hogares monoparentales, en particular de madres solteras, así como en hogares que incluyen personas mayores. Las disparidades regionales son "fuertes", con tasas que oscilan desde el 16,8% en Cantabria al 49,3% en Melilla.
La pobreza infantil también pesa mucho sobre las finanzas públicas españolas, con un coste estimado entre el 4,1% y el 5,1% del PIB. "La pobreza infantil obstaculiza los logros educativos y limita las perspectivas laborales futuras, perpetuando las desventajas sociales y económicas", dice el informe.
Las altas tasas de pobreza "siguen siendo también un desafío importante para la población en general, y ciertos grupos se ven desproporcionadamente afectados". En 2023, el 26,5% de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, significativamente por encima de la media del 21,3%.
La tasa disminuyó ligeramente al 25,8% en 2024. Entre los grupos más vulnerables, el informe señala a los padres solteros, los hogares con más de dos hijos, las personas con discapacidad o la población romaní.
En cuanto a las disparidades regionales, el informe señala que la tasa de población en riesgo de pobreza supera el 30% en 7 territorios (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla). Bruselas señala que el Gobierno de Sánchez deberá hacer "esfuerzos significativos" para cumplir su objetivo nacional de reducir la tasa de pobreza en 2,8 millones de personas de aquí a 2030, incluyendo 0,7 millones de niños.
"El sistema de protección social en España continúa sufriendo problemas sustanciales en términos de eficacia y de cobertura", prosigue el informe. En 2023, el impacto de las transferencias sociales (excluyendo pensiones) en la reducción de la pobreza se deterioró fuertemente hasta el 22,9% (frente al 34,7% de la UE), antes de estabilizarse en torno a los niveles previos a la Covid en 2024, en el 23,9%.
"Las transferencias sociales fueron particularmente ineficaces para reducir los riesgos de pobreza infantil (17% frente al 41,4%), aunque la cifra mejoró hasta el 20,2% en 2024.
El Ingreso Mínimo Vital y el Complemento de Ayuda para la Infancia siguen enfrentándose a bajas tasas de aprovechamiento: un 56% y un 73% de hogares potencialmente elegibles, respectivamente, no presentaron solicitudes debido a barreras administrativas o conocimiento limitado.
Acceso a la vivienda
La desigualdad de ingresos y la pobreza laboral persisten además en niveles altos en España, según alerta Bruselas. En 2023 la cuota de ingresos del 20% más rico de la población era 5,5 veces más alta que la del 20% del estrato más bajo, una de las mayores desproporciones en la UE, donde el promedio está en 4,72.
No obstante, la ratio sigue mejorando desde su punto máximo de 6,67 en 2015 hasta 5,4 en 2024, aumentando la convergencia con la media de la UE. El efecto reductor de la desigualdad de impuestos y transferencias es bajo, ya que se sitúa en el 39% frente al 49% de media en la UE. La pobreza laboral afectaba al 11,3% de los trabajadores (3 puntos por encima de la media de la UE) en 2023 y se mantuvo estable en 2024, impulsada por los bajos salarios y el empleo precario.
Eso sí, el informe de la Comisión reconoce que las subidas del salario mínimo (con un incremento acumulado del 54% desde 2019) "han tenido un impacto positivo en la pobreza y la desigualdad de ingresos, beneficiando a los hogares de ingresos bajos, los jóvenes, las mujeres y las personas con empleos de salarios bajos".
"La accesibilidad a la vivienda y la pobreza energética son retos importantes y crecientes en España", apunta el estudio. Casi un tercio de las personas en riesgo de pobreza (29,9%) se vieron sobrecargadas por los altos costes de la vivienda en 2024, en comparación con apenas el 2,4% entre los que no viven en la pobreza. El parque de viviendas de alquiler social se encuentra entre los más bajos de Europa: 3,3% frente al 8% de media en la UE en 2024.
"El aumento de los costes de la vivienda, especialmente en zonas urbanas como Barcelona y Madrid, obstaculiza la movilidad laboral y agrava la pobreza intergeneracional. Los jóvenes se ven particularmente afectados: el 30,3% de los adultos menores de 34 años aún viven con sus padres", señala Bruselas.
La pobreza energética también empeoró en 2023, con un 20,8% de los hogares que no pueden mantener sus viviendas calientes adecuadamente (casi el doble de la media de la UE del 10,6%), aunque se recuperó hasta el 17,5% en 2024.
Desajustes laborales
En materia educativa, el informe alerta de que las elevadas tasas de abandono escolar temprano y las desigualdades educativas "obstaculizan la integración de los jóvenes en el mercado laboral". Aunque la tasa de abandono escolar ha caído desde el 31,7% en 2008 al 13,7% en 2023, sigue estando por encima de la media de la UE (9,5%) y del objetivo de España para 2030 (9%).
Pese a la demanda laboral, la matriculación en formación profesional superior se mantiene en niveles bajos (39,1% frente al 49,1%). Además, España sufre una de las tasas de sobrecualificación más altas de la UE, con más de un tercio de trabajadores con cualificaciones que exceden los requisitos de su puesto de trabajo (frente al 21,9% en la UE), mientras que el 43% trabaja en campos no relacionados con sus estudios.
Esto representa "el mayor desajuste relativo en la UE entre la oferta y la demanda de empleo y limita la productividad y perspectivas de ingresos".
Al mismo tiempo, España se enfrenta a una escasez de trabajadores altamente cualificados en los sectores verde, digital y de la salud, al tiempo que depende de trabajadores migrantes para puestos poco cualificados en trabajo doméstico, construcción, comercio y hostelería, lo que "lastra la productividad y la competitividad", señala el estudio.
La tasa de empleo mejora de forma constante en los últimos años hasta situarse en el 71,4% en 2024, pero todavía está por debajo de la media de la UE del 75,8%. Con un 11,4% en 2024, la tasa de paro de España sigue siendo la más alta de toda Europa, mientras que el paro de larga duración se sitúa en el 3,8%, duplicando también la media comunitaria.
"Gran parte del crecimiento del empleo parece haber sido el resultado de un aumento de la fuerza laboral más que de la reintegración de los parados", apunta el informe. El desempleo juvenil bajó al 26,5% en 2024, pero se mantiene muy por encima de la media de la UE del 14,9%.
Bruselas ha elaborado este informe en profundidad sobre la situación de la protección social en España después de detectar el pasado diciembre que nuestro país registraba resultados negativos en 10 de los 17 indicadores de riesgo de su ranking. Junto con España, el resto de Estados miembros examinados por el Ejecutivo comunitario en esta segunda fase han sido Italia, Grecia, Croacia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Hungría, Rumanía y Luxemburgo.
