
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, conversa con un grupo de periodistas tras la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del martes en La Moncloa. Efe Madrid
El Gobierno justifica el bloqueo la opa de BBVA en que la fusión Caixa-Bankia fue negativa para el crédito a pymes y el empleo
El Consejo de Ministros ha tenido en consideración que una destrucción de empleo por esta integración conllevaría un coste para la Seguridad Social.
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El Gobierno ha dado un golpe en la mesa en la opa de BBVA sobre Sabadell. El Consejo de Ministros ha decidido bloquear la fusión entre ambos bancos al menos durante tres años, entre otros motivos para preservar el empleo y la financiación a las pymes de la entidad catalana.
Y es que el Consejo de Ministros considera que en anteriores fusiones estos dos elementos se han visto afectados negativamente. Concretamente, en el caso de la integración de CaixaBank y Bankia y el de la fusión de Unicaja y Liberbank, cerradas en 2021.
"En los casos CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank tuvieron lugar reducciones sustanciales de la exposición al segmento pyme y empresarios individuales en aquellos ejercicios inmediatamente sucesivos a la operación de integración", se explica en el acuerdo del Consejo de Ministros del martes relativo a esta cuestión.
En el caso concreto de Unicaja y Liberbank, se expone que, cuando aún eran entidades separadas, su exposición a este segmento era del 52,83%, mientras que el año posterior a la operación este dato cayó al 42,25%.
"Con el establecimiento de la condición recogida en este acuerdo [el bloqueo de la fusión], se preserva esta línea de negocio, no sólo para Banco Sabadell, sino también para BBVA", se indica.
El empleo
De la misma manera, en el acuerdo se hace referencia al hecho de que las fusiones que dieron lugar a las actuales CaixaBank y Unicaja tuvieron un efecto negativo en el empleo.
"En operaciones recientes de toma de control seguidas de fusión en el sector financiero se ha observado una destrucción de puestos de trabajo extraordinaria, superior a la tendencia observada a nivel sectorial", se apunta en el acuerdo.
En este sentido, pone el ejemplo de la integración de CaixaBank y Bankia. Una operación que, en el momento de su ejecución, contó con el visto bueno del Gobierno. El Estado, entonces, era propietario de la mayor parte del capital de Bankia y ahora lo es del 16% de CaixaBank.
Estas dos entidades habían reducido por separado un 7% su plantilla en los cuatro años previos a la fusión, mientras que sólo el año siguiente a la operación su número de trabajadores cayó un 14%.
En el caso de la transacción que unió a Unicaja y Liberbank, las entidades habían recortado su empleo un 6% los años previos y lo hicieron un 21% el año posterior a la fusión.
"Un ajuste en el empleo como consecuencia de la concentración podría, en base a estos precedentes, y dado el importante tamaño de estas entidades, tener importantes efectos en términos de empleo, lo que llevaría aparejado un elevado coste social y humano", se dice en el acuerdo.
Impacto en la Seguridad Social
El Consejo de Ministros no solamente considera que la hipotética destrucción de empleo que podría traer la fusión entre BBVA y Sabadell sería negativa para las plantillas, sino también para las arcas públicas.
En el acuerdo se indica que "la destrucción de empleo en el contexto de la operación podría generar un coste a la Seguridad Social en términos de mayor gasto en prestaciones por desempleo y menores ingresos por cotizaciones sociales".
Algo que, en opinión del Consejo de Ministros, es "contrario al interés general".
"Todos estos aspectos impondrían una externalidad negativa sobre la sociedad que podría más que compensar los beneficios de la operación en el corto plazo derivados de una mayor sinergia", se añade en el acuerdo.
Proteger estos dos elementos
Para el Gobierno, estos dos elementos quedan protegidos a través de la condición que ha puesto para la operación, es decir, el bloqueo de la fusión.
¿Cómo? A través de la obligación a BBVA de mantener la gestión autónoma de Sabadell al menos durante los tres o cinco años que se mantenga bloqueada la operación. Así lo explicó Carlos Cuerpo, ministro de Economía, el martes durante una rueda de prensa.
En su opinión, el hecho de que la gestión del banco catalán, aun siendo filial de BBVA, sea independiente, garantiza que existirá un "mantenimiento de la plantilla" y que "no habrá un deterioro" del negocio. Algo que se hace extensible a la red de oficinas.