Foto de archivo de una gasolinera Repsol.
La CNMC acusa a Repsol de haber usado su posición para encarecer el combustible a las gasolineras automáticas
Así lo determina tras la investigación que inició en diciembre de 2023 motivada por denuncias de Aesae y ACIH.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acusado formalmente a Repsol de desplegar una estrategia anticompetitiva para encarecer el precio del combustible a las gasolineras independientes o automáticas en 2022.
Según el organismo regulador, la petrolera habría abusado de su posición de dominio en el mercado mayorista entre marzo y diciembre de ese año, en un contexto marcado por una intensa oleada de descuentos, tanto públicos como privados, impulsados para paliar la crisis de precios energéticos.
La citada estrategia se habría basado, por un lado, en ofrecer rebajas adicionales a los clientes profesionales que utilizaran aplicaciones móviles o tarjetas de fidelización y pago vinculadas a Repsol; y por otro, en aumentar los precios de venta del combustible a sus competidores —principalmente estaciones de servicio independientes— que dependían de su red mayorista para abastecerse.
Europa Press
Las acusaciones se recogen en el pliego de concreción de hechos que la CNMC remitió el pasado marzo a la empresa que capitanea Josu Jon Imaz. La investigación se inició en diciembre de 2023, tras inspecciones domiciliarias derivadas de denuncias presentadas por asociaciones del sector como Aesae (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) y ACIH (Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos).
Competencia considera que estas acciones investigadas constituyen un caso de “estrangulamiento de márgenes”, una práctica que limita la capacidad de los distribuidores independientes para competir en precio, y que infringiría el artículo 2 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, así como el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Repsol ha rechazado desde el primer momento estas acusaciones y ha argumentado que los descuentos ofrecidos respondían al Real Decreto-ley 6/2022, que obligaba a los operadores con capacidad de refino a aplicar una bonificación universal de 5 céntimos por litro.
La compañía asegura haber respetado todos los contratos, incluyendo aquellos pendientes de firma, y haber suministrado producto incluso a terceros sin acuerdo previo. Además, también niega haber afectado la rentabilidad de las estaciones independientes. Muy al contrario, sostiene que las cuentas anuales de las empresas denunciantes muestran un aumento tanto en volumen de ventas como en beneficios durante 2022, a pesar del contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania.
Alegaciones
El conflicto tiene su origen en la respuesta económica a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en marzo de 2022. Como parte de las medidas adoptadas, el Gobierno español aprobó una subvención directa de 20 céntimos por litro de carburante, aplicable en todas las estaciones de servicio.
No obstante, las grandes compañías del sector, como Repsol, Cepsa o BP, decidieron complementar esta iniciativa con descuentos propios, dirigidos exclusivamente a los usuarios que empleaban sus sistemas de fidelización, ya fueran tarjetas o aplicaciones móviles. Así, estos operadores ofrecieron notables rebajas que combinaban la ayuda estatal con un incentivo adicional.
Repsol dispone hasta finales de abril para presentar alegaciones y aportar nuevas pruebas ante la acusación formal de la CNMC. Tras examinar dichas aportaciones, Competencia deberá determinar si impone o no una sanción.
