
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 22 de abril de 2025.
Hacienda da el primer paso para erradicar definitivamente el fraude del diésel y evitar más tramas como la de Aldama
El sector de los hidrocarburos confía en que el nuevo sistema arranque en septiembre y advierte de que, pese a las mejoras, es clave para atajar un problema estructural.
Más información: Qué es y en qué consiste el fraude del IVA de los carburantes por el que ha sido detenido Víctor Aldama
El Ministerio de Hacienda ha dado el primer paso para evitar que se repitan fraudes millonarios en el sector de los hidrocarburos, como el que presuntamente encabezaban Claudio Rivas y Víctor de Aldama. Cuatro meses después de la aprobación de la conocida como solución italiana —una reforma legal diseñada para frenar el fraude del IVA en la venta de carburantes—, Hacienda ha activado el proceso normativo para su aplicación efectiva.
La Agencia Tributaria ha abierto una consulta pública previa con el objetivo de aprobar tres órdenes ministeriales clave que permitirán reforzar el control fiscal sobre el sector, que espera que este nuevo marco esté plenamente operativo en septiembre.
El nuevo esquema de control, en consulta pública desde el miércoles 23 de abril hasta el viernes 9 de mayo, será la base para desarrollar tres piezas normativas fundamentales: el procedimiento para otorgar la condición de operador confiable, los requisitos y aspectos generales correspondientes a los avales y la creación del modelo 319, que habilitará el pago anticipado del IVA en la salida de determinados carburantes del régimen de depósito fiscal.
Uno de los ejes clave de la reforma es exigir garantías fiscales —como avales o pagos anticipados— para asegurar el ingreso del IVA en la entrega de hidrocarburos, salvo que el operador esté registrado como confiable. El nuevo sistema pretende cortar la principal vía del fraude en el sector: la extracción de carburantes desde depósitos fiscales por parte de empresas interpuestas que actúan como meros vehículos para comercializar el producto sin ingresar el correspondiente impuesto.
Este esquema se basa en entramados de sociedades pantalla, que se dan de alta, operan durante un breve periodo y desaparecen antes de que Hacienda pueda reclamarles el IVA. Es el mismo patrón que habrían utilizado presuntos implicados en tramas recientes, como Víctor de Aldama —señalado como intermediario en el caso Koldo—, cuya supuesta implicación en un fraude millonario le llevó a ingresar en prisión provisional.
Desde la Unión de Petroleros Independientes (UPI) explican a EL ESPAÑOL-Invertia que las nuevas órdenes son imprescindibles para acabar con el fraude estructural del sector de los hidrocarburos. No obstante, aseguran que "el mercado se ha normalizado bastante en lo que va de 2025 gracias a la mejora en el funcionamiento del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF)".
El REDEF es una herramienta de control implantada en España en enero de 2023, que obliga a inscribirse a todas las empresas que extraen carburantes de depósitos fiscales. Aunque su implementación fue un paso importante en la lucha contra el fraude, el fuerte repunte de prácticas irregulares durante 2023 y 2024 evidenció las importantes lagunas iniciales del sistema.
Con el tiempo, el sector ha ido "ganando experiencia", se "han solventado muchas de las lagunas que presentaba" el REDEF, mejorando de forma notable el control fiscal, explican desde UPI. Eso sí, asegura que "esto no es suficiente".
Por su parte, Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), recalca a este diario que desde la asociación siguen analizando la situación y continuarán "trabajando conjuntamente con el resto de organizaciones del sector con las que hemos colaborado en este asunto desde hace casi dos años". "Lo que es evidente es que sin esa orden ministerial que ahora sale a participación pública, el BOE del 21 de diciembre es papel mojado", apunta.
Tras la consulta pública previa, se prevé que los borradores de las órdenes pasen a audiencia pública. Una vez completado ese proceso y aprobadas los textos definitivos, el nuevo sistema podría entrar en funcionamiento en septiembre. Mientras tanto, la Agencia Tributaria ya trabaja en la plataforma informática que permitirá registrar y gestionar a los operadores confiables.