Competencia sancionará a los medios que no declaren su propiedad y la publicidad institucional que reciben

El Consejo de Ministros ha comenzado este martes los trámites para transponer al ordenamiento jurídico español el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA por sus siglas), que se hará a través de un anteproyecto de ley que modifique normas como la Ley General de Medios Audiovisuales y la ley de la creación de la CNMC y del que el Ejecutivo ya ha adelantado algunos detalles.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, ha confirmado que será la CNMC, una entidad "independiente", la que se encargará de "velar por el cumplimiento" de esta regulación europea en España. Y, por tanto, será la responsable de gestionar el nuevo registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público.

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Por el momento, no se han dado detalles concretos sobre en qué consistirá dicho registro ni las tareas exactas que desempeñará la institución presidida por Cani Fernández. De hecho, la norma se encuentra todavía en fase de primera lectura y el anteproyecto anunciado tendrá que volver a ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Aun así, desde el Gobierno han iniciado ya la labor de pedagogía y fuentes de Moncloa inciden en que la ley actualmente en desarrollo establecerá que, para que un medio de comunicación sea considerado como tal, tendrá que figurar en el registro elaborado por la CNMC.

Sanciones

Esto permitirá diferenciar los medios de comunicación "oficiales" (según la definiciión de la legislación) del resto y será clave para que puedan acceder a financiación y publicidad institucional. El Gobierno lleva tiempo censurando que hay administraciones que financian medios de comunicación como estrategia política y busca ponerle coto a esta práctica.

Según explican las fuentes, los medios "oficiales" estarán sometidos a un régimen sancionador también incluido en la norma, aunque todavía no se han desvelado los detalles de dichas sanciones.

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"Para ser un medio oficial hay que estar en el registro y los medios tendrán unas obligaciones. En caso de no cumplirlo, la CNMC te puede apercibir e imponer una multa de equis cantidad", explican las fuentes.

Las obligaciones estarán basadas, principalmente, en lo que establece el artículo 6 del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que el Gobierno asegura que intenta implementar a través de este proyecto normativo, junto al Reglamento de Servicios Digitales.

Carlos Cuerpo, Cani Fernández y Óscar López. Marta Fernández / Europa Press

Según dicho artículo 6, los medios de comunicación deberán tener disponibles para los consumidores su denominación y datos de contacto, el nombre de los titulares directos o indirectos de los paquetes accionariales que influyan sobre el funcionamiento, el nombre de los titulares reales y el importe de fondos públicos y publicidad institucional que dicho medio recibe.

Otro de los detalles que se han dado a conocer es que esta norma que el Gobierno quiere aprobar, pero para la que no tiene plazos concretos, también incluye el establecimiento de mecanismos independientes autonómicos que se encarguen de realizar el control de los medios de comunicación regionales, siempre bajo el paraguas de la CNMC.

Concentración

Por otro lado, el Gobierno también velará para que no haya grandes concentraciones de medios de comunicación digitales bajo un mismo propietario, algo que ya sucede en el entorno audiovisual. "Se evitará que pueda venir a España un millonario y comprar varios medios", explican desde Moncloa.

Para ello, la CNMC liderará un nuevo procedimiento para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en este mercado. Se pondra en marcha cuando esas transacciones involucren a medios que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente.

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No obstante, fuentes de Moncloa aclaran que en el caso de los medios digitales no se tendrá en cuenta la audiencia a la hora de analizar los riesgos de una operación concentración, debido principalmente a la dificultad de lograr un criterio único para la medición de lectores.

Hay que recordar que actualmente existen dos tipos de medios. Por un lado, los que usan "un bien público finito" como es el espectro radioeléctrico y necesitan una licencia para operar, como es el caso de las cadenas de radio y televisión. Por otro, los que no tienen que pedir permiso para poner en marcha dicho medio, como periódicos o digitales. 

Para los primeros, la Ley General de Comunicación Audiovisual, actualizada en 2022, establece límites a la concentración. Ahora, y por indicación de Europa, se busca también evitar la concentración del resto de medios con la puesta en marcha de este registro y estableciendo unos límites a la propiedad que se discutirán con Bruselas y se abordarán con la CNMC.