La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto y el director del departamento de Comunicación Institucional, José Manuel Nevado.

La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto y el director del departamento de Comunicación Institucional, José Manuel Nevado.

Medios

El Gobierno gastó 70,4 millones en publicidad en 2024 y oculta los criterios y medios a los que se adjudicaron las campañas

Esconde datos esenciales mientras prepara una iniciativa para exigir a los medios transparencia en el dinero que perciben de las administraciones.

Más información: EL ESPAÑOL denuncia ante la ONU al Gobierno por retirar publicidad institucional para "castigarle por su línea editorial"

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El Gobierno gastó 70,43 millones de euros en publicidad institucional durante 2024. Una cifra que invirtió en la contratación de 108 campañas en medios de comunicación. 

Así consta en el informe aprobado este martes por el Consejo de Ministros, y que acredita que el Gobierno ejecutó sólo el 50,9% del presupuesto previsto en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional del año pasado. 

Durante 2024 hubo 20 campañas de publicidad institucional que superaron el millón de euros, y que supusieron una inversión total de 62,6 millones. 

La más 'cara' fue la campaña de "divulgación de la seguridad vial" de la Dirección General de Tráfico, que tuvo un coste de 10,2 millones de euros. 

Moncloa contrató durante el 2024 nada más que 108 campañas (7 de ellas sobrevenidas). Suponen 54 menos de las programadas.

El departamento de Transición Ecológica fue el que más promociones contrató (24), seguido de Cultura (11) y Agricultura, Pesca y Alimentación (10). 

Si descontamos las campañas sobrevenidas, que son aquellas que se lanzan en virtud de necesidades puntuales, el presupuesto invertido es todavía menor: 64,05 millones de euros. 

Tipo de medios

De ellos, el 24,39% fueron a parar a inversiones en televisión; el 21,63% a digital (en el que se incluye prensa y otros soportes como TV conectada) y el 20,6% a radio. La prensa en papel recibió el 11,87% de las campañas, pese a que su difusión cada vez es menor. 

Ahora bien, el informe publicado por la web de Moncloa, y aprobado por el Consejo de Ministros, vuelve a omitir cuáles fueron los criterios de adjudicación de cada campaña, ni qué medios fueron programados en cada una de ellas. 

Obviamente, tampoco se da la inversión efectuada en cada cabecera, algo que permitiría saber el dinero público recibido por cada medio de comunicación. 

Una carencia habitual en los informes sobre esta materia año tras año, y que contrasta con los planes del Gobierno de exigir más transparencia a los medios de comunicación. 

Registro de medios

El Gobierno prepara ya el registro de medios, así como una norma que obligue a las cabeceras a hacer públicos los nombres de sus accionistas y el dinero que perciben de cada administración pública. 

No sólo eso, como ha contado EL ESPAÑOL, en Moncloa se preparan para hacerse con el control a la hora de planificar las campañas de publicidad

Para ello se aprovechará la nueva Ley de Publicidad Institucional que prevé aprobar antes del verano. 

En ella se establecerán nuevos criterios de reparto, así como las exigencias que habrá para acceder a ella. 

Además, se van a establecer límites a la "publicidad estatal" a la que se puede acceder. De este modo, habrá un porcentaje máximo (presumiblemente del 30%) sobre los ingresos. 

Otro de los objetivos del departamento de publicidad institucional que dirige José Manuel Nevado es el de acabar con las agencias de medios. 

Para ello aprovechará que en diciembre termina el Convenio Marco firmado con distintas agencias para prescindir de ellas y contratar directamente con los medios de comunicación. 

Medidas todas ellas que ponen en riesgo el ecosistema mediático, pues dejan en manos de responsables políticos el reparto "arbitrario y discriminatorio de la publicidad institucional". 

Así se lo ha hecho saber EL ESPAÑOL al Comité de Derechos Humanos de la ONU en una denuncia presentada la pasada semana. 

Un "informe alternativo" elaborado por la firma Internacional Human Rights Legal (IHR Legal) en el que se denuncia que esta cabecera está siendo "castigada" por el Gobierno con una drástica disminución de la inversión publicitaria. 

Esta disminución se ha producido tras la publicación en EL ESPAÑOL de denuncias y revelaciones sobre los casos de corrupción que afectan al jefe del Gobierno, sus familiares y sus más estrechos colaboradores.