Una oficina de la Agencia Tributaria. Europa Press
El juez no frena a Hacienda: podrá exigir documentación fiscal a los denunciantes de la estafa que promocionó Alvise
Denunciantes del 'caso Madeira' solicitaron a la Audiencia Nacional que, al existir una causa penal, paralizase los requerimientos que les dirigió la AEAT.
Más información: Hacienda pide documentación a los inversores perjudicados por la supuesta 'cripto-estafa' que promocionó Alvise
El juez que investiga el caso Madeira ha rechazado paralizar los requerimientos de documentación que Hacienda había dirigido a decenas de denunciantes de esta causa judicial. Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Tal y como avanzó este periódico, semanas atrás, la Agencia Tributaria (AEAT) comenzó a pedir determinada información fiscal a víctimas de esta supuesta cripto-estafa, por la que está investigado judicialmente el conglomerado Madeira Invest Club (MIC).
Algunas de ellas pidieron al juez José Luis Calama que frenase estos requerimientos, al estar abierta una causa penal. Sus abogados, Víctor Soriano y Antonio Lechuga, del despacho Soriano i Piqueras, consideran que el hecho de que sus clientes tengan que aportar esta documentación a la AEAT afecta a su derecho de defensa.
Sin embargo, el magistrado ha desoído sus peticiones. "No ha lugar a lo solicitado, por cuanto la simple solicitud de la información solicitada por la AEAT no es incompatible con la tramitación de las presentes actuaciones [judiciales]", indica Calama en la resolución. Hacienda, por tanto, tiene vía libre para continuar con sus requerimientos.
El entramado empresarial denominado Madeira Invest Club era propiedad de Álvaro Romillo. En 2024, su web fue cerrada sin previo aviso, lo que provocó que decenas de inversores denunciaran al MIC por estafa. Pese a que Madeira estaba en el punto de mira de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde 2023, el eurodiputado Alvise Pérez promocionó este chiringuito financiero el pasado año, en un acto público.
Poco después, cuando ya estaba investigado judicialmente, Romillo admitió ante la Fiscalía haber pagado 100.000 euros al político. ¿A cambio de qué? De que Pérez defendiera el MIC una vez obtuviese un escaño en la Eurocámara. También, de que antes, durante la campaña electoral de las europeas del 9-J, participase en el citado evento público.
A principios de abril, el Supremo asumió la causa contra Alvise. Al ser eurodiputado, está aforado ante este tribunal, el único que puede citarle a declarar como imputado. También se hizo cargo la porción de la causa que afecta al papel de Romillo en la supuesta financiación ilegal del partido de Pérez. Sin embargo, la pieza principal, en la que se investiga la supuesta estafa, seguirá en manos de la Audiencia Nacional.
Entretanto, desde finales de marzo, Hacienda comenzó a reclamar documentación fiscal a las decenas de afectados que denunciaron a Álvaro Romillo y al MIC.
Entre otros asuntos, la AEAT les exige identificar las wallets (billeteras virtuales para criptomonedas) de las que sean titulares, así como el nombre de las personas con las que tuvieron contacto para invertir en el MIC y el motivo por el que lo hicieron.
También les requiere "los contratos suscritos con Álvaro Romillo" y que enumeren a través de qué empresas los rubricaron.
Por el momento, estas personas no están formalmente investigadas fiscalmente. Hacienda tan sólo les ha hecho llegar un requerimiento de documentación, que deberán ahora cumplimentar. Pero, si el fisco detecta irregularidades, sí podrían acabar estándolo.
Alvise y Madeira
A finales del año pasado, el propio Romillo desveló ante la Fiscalía que entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise para financiar su campaña a las elecciones europeas. El 9-J, el partido de Pérez, llamado Se Acabó La Fiesta (SALF), obtuvo tres escaños en Bruselas.
Decenas de chats entre el político y el cripto-empresario, en manos del Ministerio Fiscal y en poder de este periódico, mencionan esa entrega de dinero. En ellos se aprecia que, tanto antes como después de convertirse en eurodiputado, Pérez prometía a su financiador que haría "lobby masivo" en favor del MIC.
Tras conocerse la existencia de esas conversaciones, Luis Pérez (nombre real de Alvise) confirmó que había cobrado ese dinero en efectivo. Lo admitió a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.
Pero atribuyó los 100.000 euros a unos "honorarios" por unos supuestos "servicios cobrados sin factura". De hecho, animó a sus seguidores a evitar el pago de impuestos. "Hacienda es una mafia", manifestó.
Ahora bien, el cobro de esta cantidad podría constituir un delito de financiación ilegal de partidos. Así lo cree el Supremo, por lo que ha abierto diligencias contra el eurodiputado, al que es probable que cite a declarar.
Los inversores que denunciaron a Romillo tienen un perfil variado. Algunos invirtieron sólo unos pocos miles de euros. Otros, bastante más. Tal y como desveló EL ESPAÑOL, un joven confió al MIC nada menos que 4,5 millones de euros de su patrimonio. Otro inversor afectado es un directivo de una importante empresa del Ibex 35.
