
Una trabajadora con un teléfono móvil en la mano espera en el interior de una cafetería de Barcelona durante el apagón del 28 de abril. Europa Press
¿Por qué no hubo móviles el día del apagón? En Australia o Noruega las comunicaciones están blindadas
Varios países obligan a sus telecos a mantener el servicio de telefonía móvil tras un corte de electricidad. Pero el coste de una medida así sería demasiado alto.
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El gran apagón que durante horas dejó sin luz a toda la península ibérica supuso toda una prueba de fuego para la resiliencia de las redes de telecomunicaciones en España. Y aunque el servicio nunca se cayó del todo y las comunicaciones críticas estuvieron siempre garantizadas, lo cierto es que muchos usuarios fueron incapaces de hacer llamadas o conectarse a Internet durante buena parte del lunes.
Las operadoras contaban con sistemas de respaldo energético, como baterías o grupos electrógenos, en algunos de los emplazamientos donde tienen sus antenas de telefonía móvil. Y gracias a ellos, muchos pudieron seguir encendidos hasta que regresó el suministro eléctrico varias horas después.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en algunos países como Australia, Noruega y Finlandia, el ordenamiento jurídico español no obliga a las empresas de telecomunicaciones a tener respaldo en todas sus antenas o nodos para garantizar la continuidad del servicio móvil durante un periodo concreto en caso de que se produzca un corte de luz.
Según explican a EL ESPAÑOL-Invertia desde Aotec, la asociación que representa a los operadores locales y regiones de España, la mención más concreta se encuentra en el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, que deja a criterio de los operadores las medidas de respaldo energético.
Esto indica que los sistemas de respaldo que se han instalado hasta ahora en nuestro país han sido costeados por las propias operadoras. Y, como refleja un reciente estudio elaborado por el regulador británico de telecomunicaciones Ofcom, no es una inversión precisamente barata.
De ahí que la complicada situación financiera que atraviesan las telecos de nuestro país, debido principalmente a una agresiva competencia y a una regulación poco favorable a la inversión, les haya impedido reforzar el suministro eléctrico de emergencia de cara a episodios como el vivido el lunes.
"La limitada penetración de soluciones de respaldo en las estaciones móviles de España y Portugal contribuyó de forma clave a la magnitud de la interrupción de la red causada por el colapso de la red eléctrica el 28 de abril", señala Luke Kehoe, analista de Ookla, en informe sobre el comportamiento de las infraestructuras de telefonía en ambos países durante el apagón.
Políticas públicas
En su opinión, lo ocurrido este lunes supuso "una lección histórica sobre la importancia de la redundancia de la infraestructura". "El mejor momento para fortalecer las redes móviles es antes de que se apaguen las luces", inciden el analista de la empresa especializada en el análisis de servicios de conectividad.
Un escenario que, según señala, contrasta "marcadamente" con otras economías, como los países nórdicos o Australia, que han movilizado medidas políticas o mecanismos de financiación para garantizar una continuidad mínima del servicio durante cortes de energía. Experiencias que demuestran que "existen soluciones viables para reforzar la infraestructura de la red móvil".
El ejemplo más exitoso es probablemente el de Australia. Como detalla Ofcom en su informe, la "devastadora" temporada de incendios forestales 2019-2020 llevó el Gobierno del país a poner en marcha su 'Programa de Fortalecimiento de Redes Móviles' para mejorar la "resiliencia" de las telecomunicaciones y que puedan funcionar durante más tiempo en caso de catástrofes naturales.
Pero en vez de obligar a las operadoras a garantizar el suministro por ley (aunque sí el acceso a los números de los servicios de emergencia), lo que hizo el Ejecutivo fue conceder ayudas a las empresas con el fin de que instalaran sistemas de respaldo energético que permitieran mantener el servicio al menos durante 12 horas.

Un hombre carga el móvil con una batería solar en Valencia, este lunes, con motivo del apagón de suministro eléctrico. EFE/Biel Aliño
También un desastre natural, la tormenta Dagmar que tuvo lugar en 2011, fue lo que llevó al regulador de Noruega, NKOM, a obligar por ley a instalar backups en sus emplazamientos móviles.
En concreto, exige un mínimo de respaldo de dos horas, que se eleva a cuatro en zonas rurales. En este caso, son los operadores los que se encargan de financiar este despliegue, aunque se concedieron algunas ayudas para sites de especial relevancia.
En Finlandia, el regulador Traficom también obliga a los operadores a tener sistemas de respaldo energéticos que garanticen la continuidad del servicio móvil entre dos y seis horas, dependiendo de la ubicación de la antena y con algunas excepciones.
En el caso de Suiza, Bakom lanzó una consulta pública para obligar a los operadores a tener backups en sus emplazamientos que garanticen servicios de conectividad durante 72 horas, en este caso alegando motivos de seguridad. Aunque el regulador da varios años a las telecos para adaptarse, las compañías se han mostrado muy críticas con la legislación, ya que deben acarrear ellas con todo el coste de inversión.
Coste
Estos son sólo algunos de los ejemplos que menciona el regulador británico Ofcom en un informe publicado el pasado febrero. También existen obligaciones en otros países o regiones como Estonia, Eslovenia, Rumanía, Suecia o el estado de California en EEUU.
Un análisis que muestra que hay diferentes maneras en cuanto a requisitos regulatorios, métodos de implementación, motivaciones, infraestructura previa y responsabilidad de la inversión a la hora de abordar esta mejora de la resiliencia energética de las infraestructuras de telecomunicaciones.
De cara a estudiar posibles medidas en este ámbito en Reino Unido, Ofcom ha realizado un estudio que refleja que el 90% de los cortes de luz en el país duran entre tres minutos y tres horas. También que el 20% de las antenas del país tienen ya capacidad para seguir prestando servicio durante al menos una hora en caso de quedarse sin energía.
Con estos datos como referencia, el regulador que calcula que fortalecer la resiliencia energética de los emplazamientos para que prácticamente toda la población tenga acceso a los servicios de emergencia durante cuatro horas costaría alrededor de 1.000 millones de libras (unos 1.175 millones de euros al tipo de cambio actual).
Y añade que aumentar el tiempo mínimo de conexión garantizada o los servicios a los que hay que dar acceso (como conectividad de datos o poder hacer llamadas a cualquier número de teléfono), haría que las operadoras incurrieran en costes "significativamente más altos". Un gasto, que dada la situación actual del sector en Europa, no tendrían fácil de asumir.