Industria.
La industria es un símbolo de poder socioeconómico desde el siglo XIX, cuando se fueron abandonando y relegando actividades productivas fundamentales, como la ganadería y la agricultura, gracias a la modernización de la actividad manufacturera.
Son cadenas de producción intensivas en capital al tener que financiar investigación científica, desarrollo, maduración y, finalmente, competitividad en un mercado global. Es evidente que siempre estamos inmersos en una nueva revolución industrialresilientesa continua innovación, desarrollo y crecimiento orientados a satisfacer nuestras necesidades, que cada día son más y más dependientes de la tecnología.
Primero Europa, luego Estados Unidos, y, ahora, China impulsan esa locomotora, tres vagones que se han ido distanciando de manera gradual a lo largo de los años. La grave problemática actual es que Europa se está descolgando y la brecha aumenta.
España tiene una oportunidad para invertir la tendencia histórica de que somos un país de ocio, chiringuitos y servicios.
Hace 15 años, según los datos de la OCDE, el tamaño de la economía europea superaba en un 10% a la de EEUU. Sin embargo, en 2022 era un 23% inferior. El PIB de la Unión Europea (incluyendo Reino Unido antes del Brexit) ha crecido en este periodo un 21% (medido en dólares), frente al 72% de EEUU y el 290% de China.
Mario Draghi, el gurú neoliberal, lo puso negro sobre blanco: o movilizamos 800.000 millones anuales de inversión o será imposible seguir en cabeza (5% del PIB de la UE en 2023).
No obstante, según Eurostat, la producción industrial de la UE cayó un 1,2% en 2023 respecto a 2022, año en el que solo había crecido un 0,4% respecto a 2021, un síntoma claro de la tendencia que hay que tratar de revertir. Los sectores afectados fueron el maderero, la fabricación de sustancias químicas, el de metales básicos y el de papel y derivados. En cuanto al valor de la producción industrial vendida, la de Alemania supuso el 27%, y a mucha distancia se encuentran Italia (14%), Francia (12%), España (8%), Polonia (6%) y los Países Bajos (4%).
Europa tiene un plan para detener el sangrado industrial. El Nuevo Pacto Industrial Europeo, previsto para el primer trimestre de 2025, busca fortalecer la competitividad, sostenibilidad y resiliencia de la UE frente a los desafíos globales. Sus principales objetivos incluyen la transición verde para alcanzar la neutralidad climática en 2050 mediante energías limpias y economía circular, la digitalización con IA, blockchain y 5G/6G y la autonomía estratégica, reduciendo la dependencia de materias primas y semiconductores con normativas como el Chips Act. También se promueve la competitividad global con financiación a pymes y startups, y se apuesta por la economía circular y la eficiencia en el uso de los recursos.
Los planes y estrategias serán vitales si realmente queremos no solo reindustrializar el país, sino ser pioneros y líderes en tecnologías sostenibles y resilientes.
Entre las previsiones del pacto destacan la ampliación de subsidios para tecnologías limpias, la reducción de barreras internas en el Mercado Único y la flexibilización de ayudas estatales a industrias estratégicas.
Se impulsará la producción local de tecnologías como baterías e hidrógeno y se crearán "Valles Industriales Verdes". Además, se fortalecerá la seguridad tecnológica y la cooperación internacional en el suministro de materias primas. Su éxito dependerá de la coordinación entre los Estados miembros y de la capacidad para atraer inversiones estratégicas.
El contexto geopolítico será clave para frenar la hemorragia, con presiones comerciales provenientes de EEUU (a través del Inflation Reduction Act) y de China, y los riesgos de deslocalización de industrias clave.
España tiene una oportunidad para invertir la tendencia histórica de que somos un país de ocio, chiringuitos y servicios. La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, actualmente en proceso de enmiendas en el Congreso, es un marco legislativo para dar apoyo a las inversiones industriales que aterricen, atraídas por precios de la electricidad más competitivos que los del resto de Europa.
Mario Draghi, el gurú neoliberal, lo puso negro sobre blanco: o movilizamos 800.000 millones anuales de inversión o será imposible seguir en cabeza.
En nuestro caso, es más fácil atraer industria y descarbonizar que exportar energía. No obstante, respecto a las referencias a la transición energética de la nueva Ley de Industria, es importante destacar que no establecer un criterio de priorización y exclusión de tecnologías es un error.
Dicho de otro modo, no se puede abrir la puerta a todas las fuentes de energía, la futura norma tiene que dar impulso a la descarbonización del sector industrial. Y es que el café para todos no va a industrializar España, sino que va a suponer activar mecanismos y simplificar trámites de ayudas para tecnologías que no tienen un hueco en nuestro mix energético, tanto por inmadurez como por precio.
Este boquete de neutralidad tecnológica queda respaldado por el Reglamento europeo 2024/1735, que incluye todas las tecnologías, independientemente de sus emisiones, y que podrán recibir fondos públicos, tanto nacionales como europeos. Se argumenta que toda tecnología tiene hueco en la actividad productiva de un país.
Quizás para otros, pero no para España, ya que su mayor potencial natural es renovable y localizado. Así, en la fase de enmiendas se debería excluir la energía nuclear de fisión y las tecnologías nucleares y reducir el papel de los combustibles alternativos sostenibles y los combustibles renovables de origen no biológico (electrocombustibles).
Básicamente, si se sigue el reglamento tal cual está escrito, aumentará el flujo de capital hacia tecnologías que no son competitivas porque resultan más caras que electrificar ciertos procesos industriales, y los proyectos piloto no serán competitivos más allá de 2050. Tiene que establecerse quinquenalmente una priorización por tecnologías, creando un fondo para la industrialización que ponga por delante la electrificación y las tecnologías asociadas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta la capacidad de acción de cada ministerio, separados y poco duchos en comunicarse para trabajar al unísono, por mucho que sean del mismo color político. Las competencias del Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica están limitadas al ámbito del Ministerio de Industria y Turismo, excluyendo áreas cruciales como la energía, el transporte o las infraestructuras.
El encaje competencial de esta nueva ley, más preventivo que proactivo, revela que la implementación de la nueva norma necesita ser más ágil, transversal y actualizada, considerando los requerimientos y la velocidad europea en el desarrollo de la política industrial. Los planes y estrategias que emanen de ella serán vitales y deben estar jerarquizados a nivel tecnológico en función de las emisiones si realmente queremos no solo reindustrializar el país, sino ser pioneros y líderes en tecnologías sostenibles y resilientes.
*** Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de Fundación Renovables
