Jueves 20 de febrero desayuno de Europa Press, la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, presenta su plan. Aborda el problema que según el CIS, más preocupa a los españoles: la vivienda. En diciembre pasado un 22,3% de los españoles lo consideran el más acuciante; 5 puntos más que el siguiente: el paro (8,7). 

Un reto social con el que se enfrenta un gobierno socialista. Preocupación mayor en los jóvenes, en el pasado tradicionales votantes de izquierda. Muchos de ellos indignados. Por eso no es extraño que el Gobierno haya creado el ministerio de “Vivienda y Agencia Urbana”. 

No ha habido otro gobierno con ese nombre de Ministerio de la Vivienda en democracia. El último ministro de vivienda fue en el franquismo. Vicente Mortes (1969/1975). Entonces se construyeron 300.000 viviendas al año (más de 1,5 millones). 

Ahora faltan 600.000 viviendas para dar satisfacción a la demanda. En los últimos años se han creado cerca de 900.000 hogares en España. 

La ministra alardeó de que en 2024 se construyeron el máximo bajo el Gobierno de Sánchez: 120.000. Algunas más de hogares creados (110.000). A este paso se tardaría más de una década en llegar a un equilibrio entre oferta y demanda. Por eso, los precios de vivienda y alquiler seguirán subiendo.

Ahora faltan 600.000 viviendas para dar satisfacción a la demanda

Al Gobierno le corre prisa para dar la sensación de que se preocupa. Es una prioridad política. Un mensaje que la ministra trasladó al auditorio con una frase: entre considerar a la vivienda un bien social o un activo financiero se decanta por lo primero. 

Un planteamiento “político” pero irreal. Los compradores y los inquilinos resuelven su problema social mediante la compra o el alquiler. Pero para que haya compradores o inquilinos se necesitan propietarios y constructores que tienen en la vivienda un activo financiero. Si encajan ambas realidades, el problema no se resuelve.

La ministra mostró las bondades de la nueva “Ley de vivienda”. Pidió especialmente a los ayuntamientos y autonomías gobernadas por la oposición que la aplicasen y aseguró que prefiere el consenso a la confrontación. Pero no consta que esa ley haya sido consensuada con el PP. Sigue la norma de este gobierno. Consensúen bajo mis reglas.

Mostró sus ayudas fiscales a propietarios para que alquilen por debajo del precio de mercado. Se felicitó del resultado de esas medidas en Barcelona. Allí el alquiler ha bajado un 5% en los últimos meses; sin mencionar que en la última década subió el 70%.  

Además de las ayudas fiscales para propietarios, mencionó tres medidas estrella: a) liberalizar suelo; b) agilizar licencias; c) crear un parque público permanente, no privatizable con una empresa estatal.

Los compradores y los inquilinos resuelven su problema social mediante la compra o el alquiler

Para liberalizar suelo ha presentado la Ley del Suelo. Texto retirado hace meses y que esta semana vuelve al Congreso con el apoyo del PSOE y el PNV (¿Qué habrá conseguido?). Ahora dice que la responsabilidad es de los grupos parlamentarios y hecha la carga sobre el PP. Otra vez pide un consenso sobre lo que ha hecho, sin negociar antes.

Para agilizar licencias pide ayuda a los ayuntamientos y autonomías. Son competencia de estas instituciones las normas que rigen su tramitación.

Para crear un parque público no privatizable vuelve a pedir esa ayuda a otras administraciones y se propone crear una empresa pública estatal que cree vivienda social. Empresa que cuente con la Sareb y suelo urbanizado y urbanizable de titularidad pública. Anunció por su parte que este trimestre se licitarían 1.600 viviendas (peanuts que dirían en América). 

Las reiteradas llamadas a la colaboración público/privada fueron un ritornelo durante su discurso. Lleno de buenas palabras mientras acusaba a los propietarios de ser ricos a costa de la pobreza de los inquilinos, pedía limitar la inversión inmobiliaria extranjera, atacaba a los pisos turísticos y minimizaba el problema de la ocupación y la alquilo-ocupación. Habló de seguridad jurídica, pero paso por ella como se pasa sobre las ascuas. Aprisa y sin convenciones.

Parecía un conjunto de buenas intenciones y ya se sabe: el infierno está empedrado de ellas. Isabel está en su laberinto.

No obstante, la economía tiene sus reglas y la subida de precios y alquileres traerá como consecuencia a promotores y constructores. El problema es cuando ocurrirá esto. Con otra ley y otra filosofía este mismo año, con la que hay ¿después de las elecciones generales?   

 

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.