Inscribir una nueva vivienda turística en alguna de las 43 zonas de la ciudad de Málaga vetadas por el Ayuntamiento a este tipo de alojamientos tendrá un impacto directo sobre el bolsillo de sus promotores. En concreto, esa ‘praxis’, contraria a la ordenación establecida por el Consistorio de la capital de la Costa del Sol, podría suponer la apertura de un expediente sancionador que, en caso de prosperar, generaría una multa de entre 2.001 y 18.000 euros.
Así queda recogido en la Ley de Turismo de Andalucía. En concreto, en los artículos 71.5 y 71.7. En ambos, se regula la "falsedad" de los datos manifestados en la declaración responsable y la alteración de los datos, así como el incumplimiento de determinados requisitos, caso de la ubicación, la infraestructura, la edificación y las instalaciones, entre otros.
La desobediencia de ambos preceptos está catalogada como infracción grave, con posibles sanciones de 2.001 a 18.000 euros. Asimismo, se recoge la posibilidad de imponer la suspensión del ejercicio de servicios turísticos o la clausura temporal del establecimiento por un periodo inferior a seis meses.
Si bien la activación de estos resortes legales requiere de una prolija tramitación, se abre como una amenaza contundente para aquellos que eludan el nuevo escenario diseñado por la Gerencia de Urbanismo para rebajar el extraordinario ‘boom’ de los pisos turísticos.
En la estrategia diseñada a lo largo del último año, el Consistorio trabaja ahora en una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que puede suponer la implantación de una moratoria para este tipo de usos durante dos años.
Actuaciones impulsadas
Pero antes de llegar a esta medida, desde principios de año está en vigor el ajuste urbanístico que permite impedir la puesta en marcha de nuevas viviendas turísticas en 43 barrios de la ciudad. La elección de estos espacios no es casual, sino que se corresponden con aquellas donde la presencia de alojamientos de esta naturaleza es mayor.
En concreto, representan más del 8% de todo el parque residencial existente. Hay casos, como el de la Plaza de la Merced, donde supone la mitad de todas las viviendas. Esta medida delimita la urbe en tres zonas diferenciadas, en función de la intensidad de estos alojamientos, englobando en las mismas un total de 417 barrios.
El entorno geográfico más afectado por la iniciativa integra zonas como el Centro histórico, La Malagueta, El Ejido, La Merced, Lagunillas, La Trinidad, Martiricos… Esta es la zona 1, en la que no se permite la inscripción de ningún piso más de esta naturaleza.
Aunque la voluntad municipal es contundente, se convierte en esencial el papel de la Junta de Andalucía, responsable de la inscripción en el registro de turismo. Sobre ello, el mecanismo no impide que cualquier persona interesada pueda avanzar en el trámite y dar de alta su vivienda, incluso si está dentro de los 43 barrios prohibidos.
Lo que hace el sistema es lanzar una alerta, advirtiendo al propietario de la existencia de una limitación fijada por el Ayuntamiento para el espacio geográfico en el que se localiza su inmueble y de la posibilidad de que ello implique la apertura de un expediente sancionador que podría acarrear una multa económica que, según la ley de aplicación, podría alcanzar los 18.000 euros.
La cifra, en aumento
Pese a la advertencia y a que la Administración regional ha ido actualizando cada cierto tiempo la base de datos, la realidad es que el número de viviendas registradas sigue siendo muy superior a las que había, por ejemplo, a finales de febrero del año pasado, cuando la Junta dio luz verde a los ayuntamientos para intervenir sobre este mercado.
Frente a las 11.117 que había el 23 de febrero de 2024, las 12.702 que hay a fecha del 19 de abril. Lo llamativo del caso es que hay 277 nuevas inscripciones entre el 14 de enero pasado, cuando entró en vigor la prohibición de nuevas viviendas en los 43 barrios más saturados, y la fecha actual. Y muchos de estos alojamientos se encuentran, precisamente, en las zonas sobre las que pesa la prohibición.
Un buen ejemplo de ello es lo que ocurre con las Torres de Martiricos. Los gigantes de 30 plantas, que dan cabida a 450 viviendas, se han transformado en inmuebles de alojamiento turístico, como demuestra que haya 161 de los pisos que están inscritos como turísticos. Y ello pese a que desde finales de febrero del año pasado cualquier vivienda turística, con independencia de estar o no en zonas limitadas, debe cumplir la exigencia de disponer de acceso independiente.