Niña ucraniana en imagen de archivo. ZMINA
Trump deja sin fondos el principal programa que documenta el secuestro de niños ucranianos por Rusia
El cierre del observatorio de Yale, tras el recorte de financiación por parte de la administración Trump, supone un duro golpe a los esfuerzos internacionales para perseguir los crímenes de guerra rusos.
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El observatorio estadounidense que lideraba el seguimiento de los secuestros de niños ucranianos por parte de Rusia está a punto de cerrar sus puertas por falta de financiación, en un golpe a los esfuerzos internacionales por documentar crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa.
La iniciativa, respaldada por Washington y dirigida por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, cesará sus operaciones tras la decisión del gobierno de Donald Trump de suspender su financiación, según informó The Kyiv Independent.
"Estamos funcionando con los recursos mínimos", declaró Nathaniel Raymond, director del laboratorio, a la cadena CNN: "A partir del 1 de julio, despediremos a todo el personal en Ucrania y en otros equipos, y nuestro trabajo de seguimiento de los niños finalizará oficialmente".
Desde su creación en mayo de 2022, el Observatorio del Conflicto de Ucrania ha recopilado pruebas cruciales sobre los crímenes de guerra perpetrados por el ejército ruso, incluyendo la deportación forzosa de menores ucranianos.
Muchos de estos niños han sido enviados a campos de reeducación o adoptados ilegalmente por familias rusas.
El programa utilizó tecnología biométrica y satelital para documentar los casos y ha respaldado 6 acusaciones presentadas ante la Corte Penal Internacional (CPI), 2 de ellas relacionadas directamente con el secuestro de menores.
La base de datos del observatorio contiene información sobre más de 30.000 niños ucranianos presuntamente secuestrados por Rusia en más de 100 ubicaciones diferentes, según reveló una fuente anónima citada por CNN.
Esta cifra supera ampliamente los registros oficiales del portal ucraniano Children of War, que estima en alrededor de 19.500 los niños deportados o desplazados por la fuerza.
Expertos y legisladores estadounidenses advierten que el cierre del observatorio representa un vacío significativo en los mecanismos de rendición de cuentas.
"El trabajo del Conflict Observatory no puede ser reemplazado por Europol u otras organizaciones", afirmó un grupo bipartidista de congresistas en una carta remitida al secretario de Estado Marco Rubio el pasado 11 de junio, instando a restablecer los fondos.
Aunque Rubio permitió temporalmente la extensión de los fondos a principios de este año para facilitar la transferencia de datos, confirmó en marzo que el programa sería finalmente eliminado como parte de los recortes presupuestarios del gobierno.
La documentación recolectada, que también incluye ataques a infraestructuras civiles y centros de filtración, será entregada a Europol en los próximos días.
El drama humanitario persiste. Según el Children of War ucraniano, apenas unos 1.300 menores han sido repatriados hasta la fecha.
Muchos siguen en paradero desconocido debido a los esfuerzos de las autoridades rusas por borrar sus identidades mediante el cambio de nombres y falsificación de documentos.
Las autoridades de Kiev insisten en que el retorno de los niños secuestrados es una condición innegociable en cualquier eventual negociación de paz con Moscú.
La gravedad de estos crímenes ha llevado a la CPI a emitir, en 2023, órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y su comisionada para los derechos de la infancia, Maria Lvova-Belova, por su implicación directa en estas deportaciones forzadas.
