El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la entrega de despachos de secretario de embajada, este martes en Madrid.
El Gobierno cree que el fracaso en Europa sobre el catalán no afectará a la legislatura y logra que Junts culpe al PP
Moncloa asegura que seguirá intentándolo, pero aparca la medida al constatar la imposibilidad de aprobarla y tras sufrir desgaste en la negociación.
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El Gobierno considera que el fracaso en la gestión para lograr que las lenguas cooficiales españolas sean oficiales en la Unión Europea no afectará negativamente a sus acuerdos parlamentarios, ni influirá en la marcha de la legislatura.
Esta era una de las exigencias de los de Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023.
Aseguran en Moncloa que los independentistas "han entendido bien" que el Gobierno ha hecho todo lo posible para lograrlo. "Por nosotros no ha quedado", asegura un miembro del Gobierno.
En el Ejecutivo están satisfechos porque Junts ha constatado que ha sido así y que, además de los problemas que generaba para algunos miembros de la UE, ha influido la labor de lobby que ha hecho el PP contra esta medida ante sus socios políticos.
Es algo parecido, según el Gobierno, a lo que ha ocurrido con la ley de amnistía. Es decir, han cumplido con su obligación de aprobar la norma e intentar agilizar su aplicación, pero esta depende en último término de la voluntad de los jueces.
"Sudar la camiseta", lo llama el Gobierno para mostrar que ha hecho todo lo posible.
Este mismo martes, hubo contactos entre los socialistas y Junts para constatar que no hay cambio en la relación y para intercambiar información sobre las dificultades surgidas en la UE.
El propio Puigdemont expresó a través de redes sociales su dura crítica al PP por haber presionado en Europa para evitar que la oficialidad del catalán salga adelante.
Puigdemont siempre ha tenido buenas palabras hacia el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y ha reconocido su esfuerzo en Bruselas para sacar adelante el acuerdo.
De hecho, los socialistas se felicitan que este episodio haya servido para aumentar la distancia del PP con Junts y PNV, partidos que pueden ser potenciales socios de Feijóo en el futuro, como formaciones de centroderecha.
Creen que han logrado que el PP cargue con el coste del fracaso y poder presentarlo como un ataque de Feijóo al catalán, el euskera y el gallego.
Así, el presidente del PNV, Aitor Esteban, hizo un llamamiento a perseverar para lograr que el euskera sea oficial en Europa, porque Euskadi "es una nación", y aseguró que se conseguirá "haciendo frente a todas las sucias maniobras del PP".
Esa brecha entre PP y PNV ya era muy profunda y ahora es aún mayor por el uso del euskera en Bruselas y por otros episodios recientes como el empeño de los populares de llevar al Tribunal de Cuentas la cesión a los nacionalistas vascos de un inmueble en París incautado por los nazis.
Desgaste baldío
Formalmente, el Gobierno explica que seguirá trabajando para intentar lograr más adelante que la UE reconozca las lenguas cooficiales para su uso en las instituciones europeas.
Pero realmente, fuentes del Ejecutivo consideran que se ha demostrado que es muy difícil lograr apoyos y temen que el asunto quedará aparcado y sepultado en un cajón sin opciones de salir adelante.
No obstante, fuentes del Gobierno admiten que el intento fracasado ha tenido algunos costes en las relaciones dentro de la UE.
Aseguran que entre los Estados y con respecto a la burocracia de Bruselas este tipo de batallas requiere de muchos esfuerzos de presión y de negociación que siempre dejan heridas en esas relaciones comunitarias.
Si el resultado es positivo, como ocurrió, por ejemplo, con la llamada "excepción ibérica" para abaratar los precios de la energía, lo dan por bueno; pero si el resultado es negativo, como en este caso, el esfuerzo y el desgaste son totalmente baldíos.
Por ejemplo, el Financial Times, influyente en Bruselas y en toda Europa, publicó que España presionó en exceso a algunos países para lograr su apoyo. Incluso, habló de la amenaza de rebajar el apoyo militar a algunos Estados bálticos.
