Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Yolanda Díaz, dispuesta a retrasar la aplicación de las 37,5 horas para conseguir el apoyo de Junts en el Congreso
Si lo exigen los de Puigdemont, la medida se podría aplicar pasado 2025 o de forma progresiva y por encima de los plazos que hay planteados.
Más información: 23.000 millones en costes y destrucción de empresas: por qué las patronales rechazan la reducción de jornada de Díaz
La medida estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, corre el peligro de descarrilar ante la falta de apoyos en el Congreso. Concretamente, ante el rechazo de Junts a la medida. Por ello, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo está dispuesta a renunciar a una de sus líneas rojas en el proyecto de ley: los plazos para aplicar la rebaja horaria.
Hasta ahora, Díaz y su equipo habían sido inflexibles respecto a esta cuestión: todas las empresas tendrían que tener aplicada la jornada de 37,5 horas semanales antes de que acabe 2025. De hecho, esta cuestión fue objeto de importantes tensiones en el seno del Gobierno de coalición, con destacados enfrentamientos entre la líder de Sumar y varios ministros socialistas, Carlos Cuerpo entre ellos.
Trabajo (y también los sindicatos, la pata del Diálogo Social con la que el Ministerio pactó la medida a finales del año pasado) se ha negado siempre a que la rebaja de la jornada se aplique de manera progresiva y paulatina entre este año y 2027 (que es una de las posibilidades que planteó el PSOE durante las negociaciones con Sumar). ¿La razón? Que los plazos forman parte del acuerdo del Gobierno de coalición.
Pero la situación ha cambiado. Fuentes cercanas al entorno de la Vicepresidencia Segunda indican que Díaz está dispuesta a asumir determinados sacrificios para lograr el voto de los de Carles Puigdemont. Y este apunta a ser uno de ellos, puesto que es percibido como una ventaja de las empresas.
Al fin y al cabo, Junts, que tiene la intención de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley para reducir la jornada, asume en esta ocasión los intereses del empresariado catalán, que está radicalmente en contra de la medida.
Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, no se ha mordido la lengua al respecto. En un reciente desayuno informativo, en que la reducción de la jornada laboral por ley es "probablemente, y si se aprueba, la decisión más errónea desde el inicio de la democracia en España. Va a afectar a todas las empresas y un coste para ellas de 23.000 millones de euros", aludiendo a cálculos de CEOE.
Ni siquiera una de las patronales afines a Díaz, Pimec, se muestra a favor de la medida. Los de Antoni Cañete denuncian “un incremento insostenible de los costes laborales para las pymes" y, en todo caso, reclaman mecanismos de flexibilidad para su aplicación.
En cualquier caso, ya había dudas en los mentideros de las patronales y los sindicatos de que la norma se pudiera aplicar de forma plena antes de 2026 debido a cómo marcha su tramitación: todavía no se ha empezado a debatir en el Congreso y, en realidad, sus avances en el Parlamento van a depender de la voluntad política. Quién sabe cuándo terminará siendo aprobada (si esto ocurre).
Cabe recordar que, además de un cambio de plazos, ya Díaz se había mostrado dispuesta a aprobar medidas de acompañamiento para las empresas que permitan calmar los ánimos de las patronales (y los de Junts, de paso).
Varias de estas medidas (ayudas y bonificaciones en cuotas sociales para las pymes) se abordaron en la mesa de negociación que en su momento se llevó a cabo en el Diálogo Social, con CEOE y Cepyme presentes. Sin embargo, el rechazo de las patronales al conjunto de la norma provocó la supresión de estos beneficios en el texto final del proyecto de ley.
Con todo, como ya ha contado este periódico, la estrategia era recuperar estos elementos como parte de la negociación parlamentaria. Ahora queda conocer si con ellos y una mayor flexibilidad en la aplicación de la reducción de jornada bastará para convencer a Junts y a otras fuerzas del Congreso a votar a favor del proyecto de ley.
La votación de la enmienda a la totalidad de los catalanes (que por ahora se mantiene) será la primera prueba de fuego para la cintura negociadora de Díaz.
