Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, saluda al presidente de Sabadell, Josep Oliu, el lunes a su llegada a la inauguración de la reunión anual del Cercle d'Economia. Efe Barcelona
Sorpresa en el mercado por la insólita consulta del Gobierno sobre la opa del BBVA pero los analistas piden subir la oferta
Al abrir la consulta pública, el Ejecutivo podrá armarse con los argumentos de las patronales y otras asociaciones para defender una decisión dura con BBVA.
Más información: El Gobierno deberá alegar motivos de seguridad nacional o salud pública para tener voz en la opa de BBVA a Sabadell
Una consulta pública para tomar una decisión sobre la fusión de dos empresas es algo que no se había visto en España. Pero en la opa de BBVA sobre Sabadell, todo es posible. El Gobierno, antes de endurecer o suavizar los compromisos que el banco azul ha asumido para lograr el visto bueno de la autoridad de Competencia, quiere preguntar a la sociedad civil su opinión. Una decisión que ha sorprendido al sector y ha indignado a los grandes gestores, que consideran que una mejora de la oferta es su única garantía de éxito.
El Cercle d'Economia en pleno, con Carlos Torres y Josep Oliu en las primeras filas del auditorio, escuchó el anuncio con el que Pedro Sánchez sorprendió el lunes a todo el mundo. El Gobierno lanza este martes una consulta pública con el objetivo de recabar la opinión de asociaciones, patronales y cualquier otro agente de la sociedad civil potencialmente afectado por la operación, que cumple estos días su primer aniversario.
Lo hace en el marco del plazo de quince días hábiles con el que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, cuenta para decidir si eleva la cuestión al Consejo de Ministros o no. Y es que el Ejecutivo tiene la posibilidad de opinar para endurecer o suavizar los compromisos que BBVA ha presentado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para lograr su autorización a la fusión con Sabadell.
Siempre se ha dado por sentado que lo hará, dado que el Ejecutivo se ha opuesto frontalmente a la operación desde que BBVA lanzó su opa hostil por Sabadell, hace prácticamente un año. En todo caso, el Ejecutivo no va a poder alegar motivos de competencia para endurecer los compromisos de BBVA, sino que tendrán que ser de interés general.
Y para aproximarse a ese interés general, el Gobierno va a abrir su ventanilla con el objetivo de que asociaciones, organizaciones y ciudadanos trasladen sus preocupaciones sobre las consecuencias que puede tener la operación en la banca, en la economía y en la sociedad en general.
Armar una defensa
Aunque desde el Gobierno no se han especificado los motivos para lanzar esta consulta pública, en el sector está calando la impresión de que el Ejecutivo quiere armarse de razones para poder dificultar la operación.
En este punto del proceso, el Gobierno tiene la oportunidad de endurecer los compromisos de BBVA hasta el punto de que el banco deje de ver atractiva la operación y dé marcha atrás o bien de garantizar que la fusión no tiene un impacto negativo en la economía y/o la sociedad.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, conversa con el presidente del BBVA, Carlos Torres, tras la inauguración de la reunión anual del Cercle d'Economia. Efe Barcelona
Y es que el Gobierno puede justificar cualquier decisión que tome amparándose en las opiniones de asociaciones y organizaciones -entre las que seguro que se encuentran las que quisieron personarse para hablar ante la CNMC y no fueron consultadas por la misma en el test de mercado-, así como de ciudadanos particulares.
Santiago Moro, director general de Metagestión, reconoce que el anuncio le ha sorprendido. El gestor cree que "el único que debe decidir sobre esta cuestión es el accionista de Sabadell", algo que ocurrirá, pero más adelante, cuando el proceso avance y BBVA pueda convocar el periodo de aceptación.
Y añade: "Se me escapa si es una artimaña política para bloquear la operación, pero me parecería muy grave después de la aprobación de la CNMC".
Otro gestor de fondos español se muestra aún más crítico con la consulta pública anunciada por el Gobierno: "No lo había visto en mi vida. A lo mejor en Venezuela este tipo de historias se estila. No es serio". Y extrapola su queja a otras operaciones recientes: "Quizás también tendrían que haber hecho una consulta popular para ver si queríamos que la SEPI entrara en Telefónica. Tendría más sentido al ser dinero público".
Este último no duda en calificar de "cacicada" la envolvente del Ejecutivo sobre la opa de BBVA a Sabadell: "Lo que busca es poder decir que la voluntad popular se impone a los especuladores sin corazón del mercado".
Ningún otro inversor profesional preguntado por este periódico recuerda una consulta pública de este tipo ante una operación corporativa, ni en la banca ni en cualquier otro sector industrial. "Con los precedentes tan recientes que hay en el sector bancario, se les debería caer la cara de vergüenza, porque la razón que hay detrás es pública y notoria", se teme un tercer experto de los fondos.
De hecho, fuentes oficiales del Ministerio de Economía trasladan a este periódico que "este procedimiento está en línea con la normativa y es habitual en procedimientos normativos, si bien en procesos de opas hostiles es la primera vez que se emplea".
"Se trata de obtener una capa más de información, en este caso con el foco en el interés general, dentro del proceso de toma de decisiones de la opa y en la ventana temporal de quince días hábiles que tiene el ministro de Economía para decidir si se eleva o no la operación al Consejo de Ministros. Las aportaciones recabadas en la consulta pública son secretas y no vinculantes, pero sí serán útiles en la toma de decisiones sobre la operación", añaden estas fuentes.
Otras fuentes del sector opinan que el objetivo de esta iniciativa del Gobierno "no termina de entenderse bien".
"Viene a dilatar plazos y perjudicar la seguridad jurídica en torno a operaciones corporativas en España, como ya ha ocurrido con la frontal oposición más o menos disimulada del Gobierno hacia otros procesos de fusión y adquisición sobre compañías cotizadas en los últimos meses", añaden.
Qué puede hacer el Gobierno
La duda es hasta dónde puede llegar el Gobierno. "Pueden hacer lo que quieran", comenta una fuente financiera a este periódico. Desde prohibir despidos a anunciar que vetará la fusión cuando llegue el momento de la última autorización, pues el Ministerio de Economía tendrá la última palabra sobre la integración aunque la opa tenga éxito. Sin embargo, el Ejecutivo tendrá que ser cuidadoso con lo que exija para ajustarse a la legislación.
De acuerdo con la misma, el Ejecutivo solamente podrá endurecer o suavizar las condiciones por motivos que no sean de competencia, dado que eso compete únicamente a la CNMC. Sólo podrá hacerlo por motivos de interés general.
En concreto, los criterios deben ser de defensa y seguridad nacional; de protección de la seguridad o salud públicas; de libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; de protección del medio ambiente; de promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos o de garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
Sobre las actuaciones que el Ejecutivo podría pedir a BBVA para garantizar que la fusión no tiene un impacto negativo en la economía y la sociedad, hay poco escrito. La legislación únicamente indica que tendrá que ser por motivos de interés general, pero no puntualiza las medidas que puede proponer el Consejo de Ministros. Así, en el sector nadie se atreve a anticipar qué puede decir el Ejecutivo si finalmente opina.
Jaume Guardiola, presidente del Cercle d'Economia, conversa con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, durante la 40 Reunión del Cercle d'Economia. Europa Press Barcelona
Desde los dos bancos implicados trasladan respeto a las decisiones del Gobierno. Así lo expuso Torres en declaraciones en los pasillos de la 40ª Reunión Anual del Cercle d'Economia. Una organización que, casualmente, preside quien fuera durante trece años el consejero delegado de Sabadell, Jaime Guardiola.
Oliu, por su parte, se limitó a lanzar a los periodistas la palabra "positivo" como valoración de la decisión del Gobierno.
Mejorar la opa
Mientras el Gobierno recaba las opiniones de la sociedad civil, el mercado va vertiendo las suyas respecto al precio de la opa. Y una de las visiones más extendidas es que la opa solamente triunfará entre los accionistas de Sabadell si BBVA decide elevar la oferta. Algo a lo que sus gestores se niegan en rotundo.
"El éxito de la operación, sin una mejora de la oferta, continúa presentando dudas. En este punto, el mercado mantiene la perspectiva de una mejora de la oferta por parte de BBVA, que en nuestra opinión sería clave para que la operación salga adelante", explican los expertos de Renta 4.
Por su parte, los analistas de Bankinter apuntan que "la probabilidad de éxito de la opa es reducida si BBVA no mejora la ecuación de canje y/o aumenta el pago en cash". Hay que recordar que, tras los ajustes por los pagos de dividendos, el canje puesto sobre la mesa es de una acción de BBVA por 5,3456 títulos de la entidad vallesana más 0,70 euros por título en efectivo.
