El excomisario Villarejo, en una imagen de archivo.
Villarejo, condenado a 8 años de cárcel por el espionaje a Del Rivero y absueltos los directivos de Repsol y CaixaBank
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para el excomisario un total de 40 años de prisión y varias décadas para directivos del banco y de la petrolera.
Más información: Villarejo declara que no consultó bases policiales en favor de Repsol y CaixaBank ni espió las llamadas de Del Rivero
La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al excomisario José Manuel Villarejo por revelación de secretos, por las labores de espionaje que realizó en 2011 contra Luis del Rivero. En ese año, la empresa de éste, Sacyr, trató de tomar el control de Repsol y la petrolera trató de hacer frente a esta situación.
Como consta en una sentencia del pasado 12 de mayo, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Villarejo y uno de sus socios son los únicos condenados por estos hechos. Sin embargo, la pena impuesta al excomisario dista mucho de la petición de la Fiscalía.
Anticorrupción reclamaba para él un total de 40 años de prisión. Pero la Sala de lo Penal descarta los delitos de cohecho pasivo y falsedad en documento mercantil. Sólo le condena por cuatro ilícitos de revelación de secretos, que suman un total de ocho años.
Excepto el socio de Villarejo, el resto de acusados en esta causa han sido absueltos. Entre ellos se encuentran Rafael Araújo, exjefe de Seguridad de Repsol, y su homólogo en CaixaBank, y Miguel Ángel Fernández Rancaño. Para el primero, la Fiscalía solicitaba 28 años de prisión. Para Rancaño, 21.
El último de los exonerados es Rafael Girona, subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol. La Fiscalía pedía para él 21 años de prisión.
Pero quien, al igual que Villarejo, tampoco ha sido absuelto es Rafael Redondo, socio del excomisario en su empresa Cenyt, la compañía que facturó los encargos de espionaje a Luis del Rivero.
Contra Redondo, Anticorrupción solicitaba 32 años y medio entre rejas. No obstante, este acusado sólo ha sido condenado a seis años de prisión, como cooperador necesario de cuatro delitos de revelación de secretos. La Sala de lo Penal también descarta en su caso los ilícitos de cohecho y falsedad documental. Ahora bien, los dos penados deberán pagar las costas procesales, así como sendas multas.
Tráfico de llamadas
"Al tiempo de asumir los servicios encomendados por Repsol y CaixaBank, [Villarejo] se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía", concluye el tribunal sobre el hoy policía jubilado. Sin embargo, llega a la conclusión de que dichos encargos "en ningún caso guardaban relación con el ejercicio de su cargo". Efectuó estas labores privadas simplemente para ganar dinero. Y no ha quedado acreditado que pidiera ayuda a otros funcionarios policiales.
No obstante, en línea con la tesis de la Fiscalía, la Sala de lo Penal sí indica que, "por parte de los más altos directivos" de Repsol "se adaptaron diferentes medidas" para tratar de hacer frente al intento de Sacyr de tomar el control de dicha empresa.
"Una de las cuales fue recabar información sobre el (...) pacto alcanzado por Sacyr y el Grupo [mexicano] Pemex, sirviéndose para ello de la Dirección de Seguridad de la compañía", relata la sentencia. "Con la finalidad de cumplir el mandato de sus superiores, Rafael Araújo y Rafael Girona, destinatarios directos de las instrucciones de la compañía (...) contactaron con Villarejo", concluye. Y lo hicieron, expone la sentencia, "con el conocimiento de sus superiores inmediatos".
Finalmente, Villarejo y su socio, Rafael Redondo, lograron hacerse con el tráfico de llamadas de un número de teléfono cuyo usuario era el entonces presidente de Sacyr. "La investigación se centró también en personas que los acusados consideraron del entorno de Luis del Rivero, entre los cuales incluyeron a (...) un escolta personal", relata la resolución. Ambos condenados también rastrearon sus propiedad inmobiliarias y sus nexos con diversos implicados en otras causas de corrupción, como el caso Malaya o el caso Jaume Matas.
Luis del Rivero, expresidente de Sacyr.
"Con la misma finalidad de conocer todos sus movimientos e iniciativas empresarias, así como las personas con las que Luis del Rivero había contactado, (...) recabaron los tráficos de llamadas realizadas y recibidas por aquél desde el teléfono [omitido], del que era usuario habitual, entre los días 20 y 31 de octubre de 2011", añade la sentencia, de 651 folios.
Ahora bien, el tribunal reconoce que "no ha quedado acreditada la manera en la que [Villarejo y Redondo] se hicieron con los tráficos de llamadas". Pero sí ha quedado probado que los obtuvieron. Aquellas labores tomaron el nombre de Proyecto Wine. Estos dosieres, según la sentencia, fueron entregados a los responsables de seguridad de Repsol y CaixaBank, "quienes, a su vez, los compartieron con sus superiores jerárquicos".
"Por las razones que fueran, en las facturas emitidas [en favor de Cenyt], constan servicios sustancialmente distintos a los realmente prestados, ya que en ningún momento se hablaba de 'inteligencia empresarial', sino de trabajos de 'elaboración de estrategias para la ubicación y recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros'", detalla la resolución.
CaixaBank y Repsol
Durante la instrucción de esta causa, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, fueron interrogados como investigados. No obstante, el caso acabó archivado para los dos directivos.
Por otro lado, como ya informó este periódico, ni Caixabank ni Repsol fueron enjuiciadas como posibles responsables civiles subsidiarios. Es decir, dejaron de enfrentarse a la posibilidad de acabar pagando las indemnizaciones económicas (o una parte de ellas) a los perjudicados por los comportamientos de Villarejo y del resto de acusados.
Al menos, no lo harán en esta causa penal. Durante la primera sesión del juicio, la acusación particular —ejercida por el expresidente de Sacyr Luis del Rivero— anunció que "se reservaba" el derecho a reclamar hipotéticas indemnizaciones contra las dos compañías y la Administración del Estado en un procedimiento distinto, de carácter civil, si se producía una eventual condena de los acusados.
Así lo trasladó al tribunal Jaime Campaner, el abogado de Del Rivero. La Fiscalía apoyó esta postura y el tribunal lo acordó, por lo que dejó marcharse de la sala de vistas a los representantes de la petrolera y del banco.
