Sector asegurador
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/53 sobre la protección del clima para las generaciones presentes y futuras, adoptada en 1988, ya mostró su preocupación por los impactos económicos y sociales del cambio climático.
El sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), publicado en 2022, enfatizó que el principal motor del calentamiento global es la quema de combustibles fósiles. Además, alertó que los eventos meteorológicos extremos, cada vez más intensos debido al cambio climático, ya están causando impactos adversos, pérdidas y daños tanto en los ecosistemas como en los seres humanos.
Las sequías, olas de calor, inundaciones, ciclones tropicales e incendios forestales dañan infraestructuras, destruyen cosechas, limitan el suministro de agua y provocan desplazamientos masivos. Todo ello se traduce en importantes pérdidas económicas y crisis humanitarias.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos causaron pérdidas económicas estimadas en 738.000 millones de euros entre 1980 y 2023 en la Unión Europea. De esta cifra, más de 162.000 millones de euros (22%) ocurrieron entre 2021 y 2023. De manera similar, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que, en 2024, Estados Unidos sufrió un total de 27 desastres meteorológicos y climáticos, cada uno con pérdidas superiores a 1.000 millones de dólares.
Esto sin contar los daños y pérdidas económicas ocasionados por los incendios en Los Ángeles, que se estiman alcanzan los 250.000 millones de USD, de los cuales estarían aseguradas apenas entre 25.200 millones a 39.400 millones.
Los riesgos físicos derivados del cambio climático son una realidad incontestable que están causando grandes pérdidas en el sector asegurador. Una investigación de Swiss Re revela que, en 2023, las catástrofes naturales causaron pérdidas económicas valoradas en 280.000 millones de dólares, de las que un 40% estaban aseguradas, es decir, 108.000 millones de dólares, cifra que está por encima del promedio de los últimos 10 años de 89.000 millones.
En 2024, según un estudio de Munich Re, los huracanes, tormentas e inundaciones causaron 140.000 millones de pérdidas aseguradas, superando las de 2023.
En el caso de España, según refleja el informe de gestión consolidado de Mapfre, correspondiente al ejercicio 2024, que deberá aprobarse en su próxima junta de accionistas del 14 de marzo de 2025:
"La mayor frecuencia de eventos atmosféricos adversos en Europa, principalmente en Iberia y Europa Central, ha tenido un efecto neto atribuido de 68 millones de euros en el resultado del ejercicio. Esta cifra incluye los siniestros registrados por la DANA que afectó el sudeste de España en octubre de 2024 por importe de 34 millones de euros, y la borrasca Boris que afectó en el mes de septiembre a Europa Central con impacto de 34 millones de euros".
Al mismo tiempo, "las inundaciones en la región Rio Grande do Sul en Brasil ocurridas a partir del mes de abril han supuesto un impacto neto total de 48 millones de euros, afectando a las actividades de reaseguro, negocios globales y a las compañías de seguro directo en el país".
En Estados Unidos, las aseguradoras están dejando de ofrecer cobertura cada vez más a los propietarios de viviendas, especialmente en áreas propensas a incendios forestales como Los Ángeles, dejando a las víctimas de estos incendios sin protección, pues las empresas y los reguladores intentan hacer frente a los riesgos impredecibles y costosos de los desastres climático.
Esto se empieza a observar también en Australia y Europa, mientras que, en muchos países de África, Asia y Latinoamérica, numerosas comunidades nunca han tenido coberturas para hacer frente a los desastres climáticos.
Sin embargo, los riesgos climáticos de transición no acaban de ser asumidos por las compañías aseguradoras, que hasta ahora han adoptado tímidas políticas para restringir el aseguramiento y sus inversiones en el sector de los combustibles fósiles. Esto supone una contradicción al poner en riesgo la viabilidad a largo plazo de este sector.
Desde hace años, la iniciativa Insure Our Future lleva analizando el papel de la industria aseguradora en la lucha contra el cambio climático y la transición energética a través de una evaluación de las políticas de suscripción e inversión de las 30 principales compañías aseguradoras y reaseguradoras en el mundo.
Su último informe revela que 25 de esas compañías han establecido algún tipo de restricción sobre el aseguramiento de relacionado con el carbón. De estas, 18 excluyen el aseguramiento/reaseguramiento de nuevas minas y de centrales de carbón, pero solo 6 excluyen a las empresas que vayan a desarrollar nuevos proyectos mineros.
Varias aseguradoras y reaseguradoras —Allianz, AXA, Axis Capital, Generali, Mapfre, SCOR, Swiss Re y Zurich— han anunciado planes para cesar el aseguramiento del carbón en 2030 en los países de la OCDE, y globalmente en 2040. No obstante, en el caso de Mapfre, sí seguirá haciéndolo en el caso de empresas que hayan puesto en marcha compromisos con la transición energética y la descarbonización.
En materia de petróleo y gas, 23 de las 30 compañías analizadas han implementado algún tipo de restricción sobre el aseguramiento del petróleo y el gas. Por ejemplo, 15 excluyen o limitan la cobertura a empresas que estén involucradas con las arenas bituminosas, y 7 aplican restricciones o exclusiones en el Ártico.
Por su parte, Mapfre se ha comprometido a no a asegurar ningún nuevo proyecto relacionado con la extracción o el transporte de arenas de alquitrán, y a que en 2030 su cartera no tendrá ningún proyecto asegurador relacionado con estas actividades.
Asimismo, esta compañía se ha comprometido a no asegurar nuevos proyectos offshore/onshore individuales que se desarrollen en el Ártico destinados a la extracción de gas o petróleo y su transporte, una medida esencial ante los planes de expansión de los EEUU en esta zona y donde Rusia ya es el principal productor de gas y petróleo.
Sin embargo, en los años que se llevan analizando las políticas de estas compañías, los avances son mínimos, mientras que sus pérdidas por el cambio climático avanzan imparablemente. Estas pérdidas afectan tanto a la sociedad en su conjunto como a los accionistas de estas compañías.
Estamos en un momento en el que parece que las políticas y normas para hacer frente al cambio climático están en retroceso. Sin embargo, el riesgo físico del cambio climático no obedece a los decretos presidenciales ni a ninguna regresión normativa, por lo que los impactos económicos seguirán in crescendo. Por ello, conviene al sector asegurador hacer más restrictivas sus políticas de suscripción y financiación. De lo contrario, su propia viabilidad estará en grave riesgo.
*** Ana Barreira, directora fundadora, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), presidenta de la sección de medio ambiente y clima, ICAM y profesora Adjunta del IE, SPEGA y Law School.
