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El gasto en defensa: la dimensión económica
Los riesgos en las redes de telecomunicaciones, en los centros de datos y en las infraestructuras eléctricas son cada vez más relevantes y garantizar su seguridad resulta clave para la economía.
Ante un cambio de paradigma geopolítico y una crisis del multilateralismo, Europa ha decidido apostar por mayor autonomía estratégica y erigirse como la región de defensa de la democracia y los derechos humanos. Es pronto para saber cómo se traduce este objetivo, pero parece claro que será necesario incrementar el gasto al tiempo que se refuerzan las complementariedades entre los sistemas nacionales, conforme al concepto de “Smart Defense”. Lo que requiere, una vez más, avances en la unión política europea y cesiones de soberanía nacional.
La dimensión económica es crucial a este respecto. Es importante, en primer lugar, tener en cuenta el punto de partida. En el caso de España, el presupuesto alcanza tan solo el 1,4% del PIB, llevando en ese reducido entorno desde que comenzó el siglo. Es decir, llevamos mucho tiempo a la cola de los países de la UE en gasto en defensa sobre PIB.
Hasta ahora, esa brecha estaba cubierta por el paraguas de defensa desplegado por la OTAN, algo que ahora perece en entredicho, habida cuenta del giro estratégico de EEUU. En el corto plazo, sería necesario elevar nuestro gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Esto supone un aumento de 10.471 millones de euros, o el 46%, del presupuesto de defensa en este año.
En segundo lugar, el grado de seguridad no depende solo del nivel de recursos previstos en el presupuesto: también influye, de manera crucial, la capacidad disuasoria del gasto y de su efecto de arrastre sobre la economía. En España, tenemos una dependencia excesiva de tecnología de países no comunitarios, de modo que el impulso a la innovación, la ciberseguridad y la seguridad de las redes tecnológicas, con aplicaciones civiles y militares, sería particularmente eficaz.
Esa seguridad es clave para la competitividad de la economía 4.0, ya que la digitalización llega de forma transversal a todos los sectores de actividad económica, y la seguridad de las infraestructuras tecnológicas y energéticas es vital para la nueva economía. Por ejemplo, ¿qué efecto económico tendría un fallo del actual sistema de pagos, actualmente dependiente casi por completo de tecnologías extracomunitarias?
El grado de seguridad no depende solo del nivel de recursos previstos en el presupuesto: también influye, de manera crucial, la capacidad disuasoria del gasto y de su efecto de arrastre sobre la economía
Los riesgos en las redes de telecomunicaciones, en los centros de datos y en las infraestructuras eléctricas son cada vez más relevantes y garantizar su seguridad resulta clave para la economía. El mayor gasto público en defensa puede impulsar la inversión privada en la industria de seguridad y defensa para mejorar la I+D+i, la productividad y la competitividad de nuestra economía. Ello redundará en mayor empleo de calidad y mayor crecimiento económico.
En la actualidad contamos con unas 500 empresas dedicadas a la industria de defensa, muchas de ellas PYMEs, que generan cerca de 200.000 empleos directos y más de 240.000 empleos indirectos. El desarrollo y la adquisición de nuevas capacidades y refuerzo de infraestructuras de telecomunicaciones, ciberinteligencia y ciberseguridad, además de favorecer el crecimiento de esa industria española, servirá para potenciar la I+D+I de doble propósito, ya que la sociedad civil -ciudadanos y empresas- también sufrimos ciberataques diariamente.
En tercer lugar, la previsibilidad de las dotaciones presupuestarias es clave. Una senda estable de gasto es importante de cara al desarrollo tecnológico, la atracción de talento y la inversión privada que necesaria tiene que complementar la pública. Ello obliga a diseñar un sistema de financiación igualmente estable, para elevar la capacidad disuasoria del gasto.
El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa responde en parte a estas necesidades de previsión plurianual: la mayoría de los 31 nuevos programas –satélites espía Paz 2, buque de guerra electrónica, modernización de las fragatas F-100, etc.- que se incorporan en él son plurianuales.
La financiación, sin embargo, queda por definir. Este año, el aumento de gasto se financiará fundamentalmente con recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que hasta ahora recurrían las comunidades autónomas para financiarse y ya no será tan necesario al poder hacerlo en los mercados, de reasignaciones de los fondos europeos y de ahorros de intereses y remanentes presupuestados en los PGE del 2023.
En la actualidad contamos con unas 500 empresas dedicadas a la industria de defensa, muchas de ellas PYMEs, que generan cerca de 200.000 empleos directos y más de 240.000 empleos indirectos
Por lo que, en principio no parece necesario ni recortes del gasto social ni subidas de impuestos. Lo que aún se desconoce es cómo se va a financiar el mantenimiento de ese 2% PIB, o incluso si tiene que llegar al 3%, en los próximos años, cuando esas fuentes de financiación ya no estén disponibles.
Finalmente, si apostamos por una seguridad y defensa europea integrada, esta debería financiarse con fondos europeos. Es el momento de dar continuidad a los Fondos Next Generation UE, reorientándolos para financiar ahora un Plan Industrial de seguridad y defensa para toda la Unión. Ello pasa de nuevo por mancomunar deuda, y a la vez aumentar el Presupuesto europeo con impuestos propios. La UE está en plena emergencia por lo que procede además utilizar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Banco Europeo de Inversiones con el fin de lograr la anhelada autonomía estratégica europea.
En suma, es necesario incorporar la dimensión económica para no desperdiciar recursos públicos. Y para garantizar que el incremento del esfuerzo presupuestario cumpla con los objetivos de seguridad y defensa.
