Ilustración en la que aparecen Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García./
El recientemente fallecido presidente de Uruguay, José Mujica, decía: "A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política". La avaricia y la codicia humana, unidas a la falta de ética de algunas personas, nos llevan a la triste situación actual en nuestro país, irrespirable por los casos de corrupción.
Estamos viviendo, una vez más, cómo se usa el poder público para obtener beneficios privados y cómo se produce la "captura" del Estado por parte de personas con capacidad de decisión y de intereses privados.
En España, los casos de corrupción saltan a la luz cada pocos años, y por tanto, conviene entender los fallos sistémicos en los controles institucionales, la rendición de cuentas y la falta de transparencia que nos diferencian de otras democracias como las nórdicas.
Las prácticas corruptas en las contrataciones públicas tienen consecuencias económicas. En primer lugar, genera inestabilidad política, desconfianza e inseguridad jurídica, afectando todo ello a la reputación de España, y en consecuencia a la inversión extranjera directa.
La corrupción empeora, además, la asignación de recursos porque detrae recursos para la educación y la inversión en infraestructuras, I+D y tecnología, con efectos perversos en la productividad.
Urge un buen gobierno en la gestión de lo público, que elimine por completo cualquier tipo de comportamiento corrupto
Sin embargo, aumenta el gasto público improductivo, perjudicando la eficacia de la política fiscal, reduciendo la recaudación y socavando la sostenibilidad de las cuentas públicas.
En definitiva, la corrupción perjudica, y mucho, a la economía. Se estima que cuando la corrupción no es generalizada, pero necesaria para lograr ciertos trámites, puede llegar a reducir medio punto de crecimiento en el medio y largo plazo, esto es, casi 8.000 millones de euros anuales en el PIB español.
Por no hablar del desencanto que genera en la ciudadanía con la democracia y con un sistema político incapaz de erradicar esta lacra. Urge un buen gobierno en la gestión de lo público, que elimine por completo cualquier tipo de comportamiento corrupto.
Esto pasa, en primer término, por ampliar las exigencias de transparencia sobre las decisiones públicas.
Abrir el Gobierno a los ciudadanos a través de Internet, un gobierno abierto que proporcione información económica y presupuestaria, de las subvenciones, de la contratación pública, y de verificación de en qué se gastan los recursos públicos.
Los criterios de adjudicación cualitativos que introducen subjetividad deben reducirse al máximo para eliminar discrecionalidad
En el ámbito de contratación pública, una mayor transparencia de los procedimientos de contratación limitaría discrecionalidades de los cargos públicos. Todos los procedimientos y criterios de baremación deberían estar normalizados.
Es también crucial que los contratos públicos estén accesibles a los ciudadanos, tanto en el momento de la formalización como con posterioridad; que las actas de las comisiones y juntas de contratación se publiquen como fija la Ley; y que se aborden las zonas grises que adolecen muchas convocatorias, dejando la puerta abierta a contratos amañados.
En ocasiones, en los pliegos de contratación se imponen condiciones que solo cumple una empresa, eliminando la competencia, y si el resto de empresas no lo impugnan cabe suponer un posible reparto del mercado a posteriori.
Asimismo, los criterios de adjudicación cualitativos que introducen subjetividad deben reducirse al máximo para eliminar discrecionalidad.
Para garantizar una mayor concurrencia en la adjudicación de los contratos, urge reformar los mecanismos de control interno (de la propia administración), y externos (del Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas autonómicas) de los procedimientos de contratación, asegurando la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos, limitando los procedimientos negociados sin publicidad y eliminando las bajas temerarias que después conllevan modificados en los contratos y aumentos de los precios.
La Comisión Europea insta a España a recuperar todos los fondos europeos vinculados con los posibles contratos fraudulentos
En todo caso, es preciso reforzar con medios materiales y humanos las fiscalizaciones y la actuación de la justicia, para conseguir una acción rápida en la detección y castigo de los delitos de corrupción. Ayudaría la creación de Oficinas Antifraude independientes de los poderes políticos, y la generalización y ampliación del ámbito de funciones de los tribunales de contratación.
El derecho administrativo, a través de la Ley de Contratos del Sector Público -que traspone las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo-, sanciona la corrupción, y el derecho penal la tipifica como delito, si bien la acción penal en España es escasa y las investigaciones muy largas.
Según el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, las personas condenadas mediante sentencia firme por delitos de corrupción no podrán contratar con la Administración Pública, y dicha prohibición puede alcanzar a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables.
Eso es en teoría, porque en la práctica aún falla la aplicación de los preceptos legales, no sólo contra los políticos corruptos, sino también y en especial contra los empresarios corruptores. En este ámbito, urge aplicar la normativa relativa a las empresas que incurren en infracción.
En ese sentido, la OCDE recomienda a España armonizar el régimen de sanciones aplicables a las personas físicas y jurídicas para garantizar que las sanciones impuestas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. Preocupa que España no disponga todavía de normas específicas que protejan a los denunciantes de irregularidades.
Respecto al régimen de sanciones, las penas deberían incorporar, en todos los casos de corrupción, la devolución por parte de los condenados de la integralidad de los fondos obtenidos ilícitamente por comportamientos corruptos.
Por el momento, la Comisión Europea insta a España a recuperar todos los fondos europeos vinculados con los posibles contratos fraudulentos destapados recientemente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Además de los mayores controles y sanciones, faltan medidas preventivas eficaces. Existe una responsabilidad de los partidos de dar poder a personas corruptas que toman decisiones en beneficio propio.
Es precisa una estricta aplicación de códigos éticos de conducta y un mejor control de las declaraciones de conflicto de intereses de los responsables públicos, con un riguroso sistema de sanciones para las posibles vulneraciones de tales normas.
Todas estas reformas de la contratación pública son factibles, además de estar respaldadas por las mejores prácticas internacionales de lucha contra la corrupción. Falta generar el consenso político para ponerlas en marcha.
Porque como la democracia no logre doblegar la corrupción, será la corrupción la que acabe con la democracia.