La líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen, en una imagen de archivo. Reuters
¿Marine Le Pen, inhabilitada para las elecciones de 2027?: el Constitucional asesta un duro golpe a sus aspiraciones
Un fallo emitido este viernes complica el futuro de la líder de ultraderecha si es condenada el lunes en el juicio por malversación de fondos de su formación.
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El Consejo Constitucional de Francia dictaminó este viernes que los políticos locales pueden ser inhabilitados para ejercer su cargo inmediatamente si son declarados culpables de un delito. Un fallo que deja la puerta abierta para que la líder de extrema derecha Marine Le Pen pueda ser excluida de la carrera presidencial de 2027 si es declarada culpable en un juicio por malversación de fondos que concluye el próximo lunes.
La Fiscalía ha solicitado la inhabilitación de la líder de la Agrupación Nacional (RN) para ejercer cargos públicos durante cinco años, además de una pena de cinco años de cárcel y 300.000 euros de multa, en el juicio por el presunto uso irregular por su partido de asistentes parlamentarios pagados por la Eurocámara. La llamada "inelegibilidad con ejecución provisional" entraría en vigor de inmediato, incluso si la líder de ultraderecha apelara.
Le Pen, que lidera las encuestas de cara a las elecciones de 2027, ha negado haber actuado mal y acusa a los fiscales de buscar su "muerte política". Cualquier prohibición provisional de ejecución no obligaría a la ultraderechista a abandonar su escaño en la Asamblea Nacional hasta que termine su mandato, pero le impediría presentarse a nuevas elecciones.
Aunque el fallo emitido este viernes por el Consejo Constitucional de Francia no alude concretamente a Le Pen, supone un duro golpe a sus aspiraciones de librar la batalla por el Elíseo de ser condenada el próximo lunes.
En el caso de este viernes, el Consejo Constitucional desestimó un recurso presentado por un concejal inhabilitado del archipiélago de Mayotte que cuestionaba la legalidad de una prohibición de ejecución provisional que se le había impuesto.
En su fallo, el consejo dijo que la ejecución provisional de una sentencia de inelegibilidad no violaba el derecho a la libertad de expresión y, por lo tanto, era legal.
Anticor, una asociación francesa anticorrupción, denunció que tales prohibiciones eran "uno de los medios más efectivos para eliminar de la vida pública a los funcionarios electos que han socavado gravemente la democracia".
