El otro drama en Dénia y Guardamar: el propietario debe asumir el coste de demolición de su casa si Costas la expropia

Un total de 23 casas en la playa de Les Deveses de Dénia (y hasta un centenar en todo el municipio calculan las asociaciones vecinales) y más de 60 en la playa de Babilonia de Guardamar terminarán de una forma u otra derribadas tras la aplicación de deslindes por parte de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que las ha incluido en la zona de Dominio Público Martítimo Terrestre (DPMT).

A las de Dénia todavía les queda un largo camino por recorrer. Las de Guardamar tienen la amenaza a muy corto plazo, tal vez meses, tras las sucesivas sentencias incluso en casación en el Tribunal Supremo.

Este no quiso entrar en el fondo de por qué se ha reducido la playa a causa de un espigón mal construido por el Estado en los años 90, con una orientación contraria a la del resto del Mediterráneo español.

Informe CEDEX

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No se trata solo de la perdida de su casa, domicilio habitual en algunos casos o segunda vivienda en otros; en propiedad como ocurre en Dénia o en concesión administrativa desde hace casi un siglo en Guardamar. Los vecinos para los que se decrete en derribo de su vivienda deben asumir el coste del mismo.

Manuel López, portavoz de la plataforma nacional Somos Mediterránea y secretario de la Asociación Playas de Guardamar, asegura que si el derribo lo asume el propio Ministerio y lo delega en empresas públicas como Tragsa "los presupuestos que nos están llegando van desde los 30.000 a los 50.000 euros. Si como particulares pedimos prespuestos a empresas privadas no bajan de los 6.000 euros".

 No se trata de hechos aislados. La propia página web del Ministerio informa de que "las unidades de demolición realizadas durante los últimos cuatro años son del orden de 1.300 en toda la costa española".

Las casas de la playa Babilonia de Guardamar en 1930.

"Solo en muy contadas ocasiones ha sido preciso realizar las demoliciones con los procedimientos coercitivos de los que disponen los poderes públicos.", añade la información.

Además, justifica el pago de esa demolición: "Hay que tener en cuenta que en estos casos se trata de procedimientos que tienen origen en una ocupación indebida, y sin título alguno, del DPMT, y por tanto se ha producido un disfrute privativo de un bien público que pertenece a todos".

Tanto en los casos de Dénia como en los de Guardamar esta afirmación es muy discutible. En Dénia, los propietarios de viviendas ahora afectados por el deslinde construyeron sus casas de acuerdo con la legalidad vigente en su momento, pagando sus correspondientes licencias sobre suelo que era suyo, y demás impuestos. 

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En el caso de Guardamar, las casas de Babilonia son concesiones administrativas después de que el Estado encargase al ingeniero Francisco Mira un plan para impedir que las dunas se comiesen el municipio de Guardamar en 1897. Fue el propio estado el que construyó las casas como solución a un problema mucho mayor, un siglo antes de que se construyese mal el espigón.

¿Quién lo paga?

Y añade: "Si se trata de un expediente sancionador, aparte de la obligación de restituir las cosas a su primitivo estado por parte del infractor (una vez que sea declarado y sancionado como tal, tras la instrucción de un procedimiento en el que tiene todo el derecho a defenderse), es posible que les haya sido impuesta una sanción. Ello porque la comisión de una infracción en materia de costas desencadena las potestades sancionadora y resarcitoria".

Para advertir: "Naturalmente, si los interesados no llevan a efecto la demolición de forma voluntaria, la Administración debe hacerlo subsidiariamente y luego recuperar el coste por la vía de apremio".

"La decisión de demoler las instalaciones a cargo del interesado obedece no solo a razones amparadas por la Ley de Costas, sino por la pura lógica, pues ¿cómo va a ser la colectividad la que tenga que soportar los costes de una ocupación ilegal del patrimonio colectivo, decidida unilateralmente por un particular en exclusivo beneficio propio y en detrimento del de los demás ciudadanos?".