Ilustración: Tomás Serrano
Israel acusa a Sánchez de "sacrificar la seguridad por razones políticas" y ponerse "en el lado erróneo de la Historia"
Considera un acto hostil la "cancelación unilateral" del contrato de Interior y advierte de que la decisión tendrá consecuencias.
Jerusalén ve inaceptable que Moncloa califique "de interés general" romper los acuerdos en vigor y prohíba cualquier otro "en el futuro".
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El Gobierno de Israel "condena enérgicamente" la decisión del Gobierno español de "incumplir unilateralmente un contrato firmado" con la empresa de defensa IMI Systems. Fuentes del Ministerio de Exteriores del Gobierno de Benjamin Netanyahu advierten de que Pedro Sánchez, con la orden al Ministerio de Interior de romper el acuerdo millonario para la compra de 15 millones de balas, "continúa poniéndose en el lado equivocado de la Historia, en contra del Estado judío".
El portavoz de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, ha hecho llegar a este periódico la posición oficial de Jerusalén, tras conocer que el Gobierno de Sánchez anulará todos los "procesos de compra que siguen abiertos" aunque se iniciaron antes del 7 de octubre de 2023.
En aquella fecha, miles de terroristas de Hamás y la Yihad Islámica invadieron el sur de Israel para torturar y asesinar a más de 1.300 personas y secuestrar a 251 más.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunidos en Jerusalén, en noviembre de 2023.
Desde entonces, la respuesta del Gobierno israelí, bombardeando e invadiendo Gaza (con una cifra de más de 45.000 muertos según la ONU), ha sido calificada de "matanza indiscriminada" por el presidente español e incluso de "genocidio" por miembros de su Gobierno.
Para Israel, el anuncio de que España "se abstendrá de llegar a acuerdos de defensa con empresas israelíes en el futuro" supone una afrenta más que añadir a la crisis diplomática entre dos estados aliados. Hace ya casi un año que Israel retiró a su embajadora de Madrid, tras el reconocimiento de Palestina como Estado.
A pesar de las reuniones de “buenas intenciones” entre José Manuel Albares y Gideon Sa’ar, respectivos ministros de Exteriores español e israelí, las relaciones no se habían normalizado.
“El Gobierno español está sacrificando cuestiones de su seguridad por motivos políticos”, advierte el Gobierno de Israel, “y continúa oponiéndose al Estado judío, que se defiende de ataques terroristas en siete frentes”.
De hecho, para Israel resulta inaceptable la explicación de Moncloa. Fuentes del Gobierno de España justificaron este mismo jueves a EL ESPAÑOL que la rescisión del contrato se producía "por razones de interés general".
Y ésa es una de las expresiones que, según explican fuentes cercanas al Ejecutivo de Netanyahu, resultan tan intolerables como para haber provocado un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores de Jerusalén, porque supone considerar a Israel como un "apestado".
Las citadas fuentes del Ejecutivo de Sánchez añadieron que "España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes" desde el 7 de octubre de 2023 y que "ni lo hará en el futuro" porque "la coalición progresista está firmemente comprometida con la causa Palestina y la paz en Oriente Medio".
Subrayaron además que los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes del inicio de la guerra de Israel en Gaza y "los que sean armamento no se van a ejecutar", aunque se iniciaran "antes" del inicio del actual conflicto armado en Gaza.
Según anunció el Gobierno de España, tanto la Abogacía del Estado como los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones que puedan producirse.
Por estas razones, en Israel se considera un acto hostil la "cancelación unilateral" del contrato de Interior. Y se desliza la advertencia de que la decisión tendrá consecuencias. Y es que Jerusalén ve inaceptable que Moncloa califique "de interés general" romper los acuerdos en vigor y prohíba cualquier otro "en el futuro".
España tiene, en la actualidad, otros contratos en vigor -nueve, según algunas fuentes-, por valor de más de 1.000 millones de euros.
Las consecuencias de cancelarlos pondrían en riesgo el suministro de servicios y el mantenimiento de equipamientos, además de provocar una ola de demandas que serían apoyadas por el Estado judío.
"¿Cuánto cuesta?"
Ahora, Moncloa trata de hallar la manera de no tener que pagar el total de los 6,6 millones de euros del contrato que Sánchez ha ordenado a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) cancelar "por interés general".
El miércoles, el departamento de Marlaska había dado por hecho que la ruptura del acuerdo supondría esa penalización, como vendría recogido en las cláusulas contractuales. Así trataba de justificar el mantenimiento del acuerdo, a pesar del compromiso público de Moncloa de que sería rescindido, meses atrás.
Pero a la vez que se anunciaba la cancelación de la licitación, al día siguiente, una información de la cadena Ser aseguraba que el Gobierno había encontrado la solución, amparándose en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Según esta norma, "la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados" permite al contratista satisfacer con "una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar". Es decir que, en este caso, la compañía israelí podría reclamar únicamente 198.000 euros como penalización al Estado español.
Sin embargo, este jueves, fuentes oficiales de Interior evitaron confirmarlo, a preguntas de este diario. Según un portavoz de Interior, el Gobierno sólo podrá responderlo "en los próximos días cuando la Junta y la empresa estudien el caso".
Así, según las fuentes consultadas en el entorno del Ejecutivo de Netanyahu, es la credibilidad del Estado español como socio comercial la que estaría en juego.
Y recuerdan la decena de casos abiertos desde hace más de una década por el parón de las primas a las renovables, que pueden suponer miles de millones en indemnizaciones a compañías israelíes, británicas y estadounidenses cuyos laudos el Gobierno español ha tratado de rechazar.
Para Israel, la controvertida decisión anunciada este jueves por Moncloa, supone lo más parecido a la aplicación de un boicot de Estado.
Denuncia al Tribunal de Cuentas
Alberto Núñez Feijóo criticó la rescisión del contrato, asegurando que debe cumplirse ya que fue ratificado "por dos estados democráticos". "¿Cuánto va a costar la rescisión? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cuántas viviendas se podrían haber hecho?", se ha preguntado.
El líder del PP también ha acusado al Gobierno de utilizar esta polémica como "cortina de humo" para desviar la atención del plan para aumentar el gasto militar en 10.471 millones, que la OTAN ve insuficiente. "Si lo que se pretende es no hablar del incremento de inversión en Defensa, con nosotros que no cuenten", sentenció.
De hecho, fuentes de la cúpula del PP anuncian una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por "responsabilidad patrimonial por menoscabo de los caudales públicos". Según los populares, Sánchez habría incurrido en esta infracción al haber ordenado cancelar un contrato de manera unilateral "por motivos políticos".
Los servicios jurídicos del PP han detectado un "incumplimiento de las normas presupuestarias", por la rescisión del contrato que ha ordenado el presidente por un "interés personal", como anunció Moncloa este jueves. "Tendrá un alto coste económico", porque es "un pago sin contraprestación" y la ley "exige la entrega de algo, como bien conoce toda autoridad o funcionario público".
La formación de Feijóo advierte de que el presidente Sánchez y el resto de implicados en esta operación tendrán que hacer frente patrimonialmente quienes hayan ocasionado la responsabilidad contable en la que habrían incurrido, "no el bolsillo de los españoles como pretende el Gobierno".
