La Asociación de Fiscales critica la reforma de Bolaños: un "lavado de cara" que refuerza al fiscal general, no a la institución

Así lo expresa Cristina Dexeus, presidenta de la AF, que constata que el anteproyecto residencia en el fiscal general las decisiones en materia de ascensos y régimen disciplinario, pero el Ministerio de Justicia conserva la llave del presupuesto de la institución, que es clave para su autonomía.

Sostiene que la reforma "arrumba" al Consejo Fiscal, que es el único órgano que, en parte, es elegido democráticamente por la carrera. No solo no se refuerzan sus funciones sino que se limita la capacidad de elección de los fiscales, al establecerse que ninguna candidatura podrá proponer a más de cinco candidatos.

Esta es una medida que Dexeus considera dirigida específicamente a perjudicar a la Asociación de Fiscales y favorecer a la Unión Progresista de Fiscales. Seis de los nueve miembros electos del actual Consejo Fiscal son de la AF, que siempre ha logrado una representación democrática mayoritaria. Con la reforma que ahora se proyecta, la AF no podrá tener nunca más de cinco asientos en el Consejo. Esto es relevante porque a los electos restantes hay que sumar los tres vocales natos (el fiscal general, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y jefa de la Inspección fiscal).

Respecto a la novedad de que la Junta de Fiscales de Sala pueda imponer su criterio al del fiscal general si cuenta con mayoría cualificada de tres quintas partes, la presidenta de la AF cree que, en la práctica, será una medida sin trascendencia práctica porque tanto con Dolores Delgado como Álvaro García Ortiz "se han asegurado el nombramiento sistemático de fiscales de Sala de la UPF, que está sobrerrepresentada". Tanto Delgado como García Ortiz están vinculados a la UPF.

El mandato del fiscal general

La ampliación del mandato del fiscal general de cuatro a cinco años es una medida recomendada por el Consejo de Europa para que no coincida con el mandato del Gobierno que le eligió. Pero, para Dexeus, tal como se ha diseñado, en conjunción con la disposición transitoria única, es "tramposa" porque permitirá al Gobierno 'imponer' al fiscal general por él nombrado al Ejecutivo que le suceda en la Moncloa.

La disposición transitoria señala que "quien desempeñe las funciones de fiscal general del Estado a la entrada en vigor de la presente ley continuará en el ejercicio de su cargo por el tiempo que restare de la duración de su mandato desde su nombramiento hasta completar el plazo de cinco años señalado en la presente ley o cuando concurra alguno de los supuestos a), b), c) y d) del artículo 31.1". Este último precepto se refiere a que el fiscal general solo podrá cesar a petición propia, por incurrir en incompatibilidades o prohibiciones, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo o por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones.

Para Dexeus, bastaría que el actual fiscal general dimitiese poco antes de la convocatoria de elecciones para que el Gobierno (saliente) pueda elegir a un nuevo fiscal general, que podrá permanecer en el cargo cinco años, es decir, el mandato del nuevo Ejecutivo e incluso un año más.

La presidenta de la AF también echa en falta un cuadro de garantías que protejan la autonomía de actuación e independencia de criterio del nuevo fiscal investigador, que el Gobierno proyecta introducir con una nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. La reforma del estatuto prevé que el fiscal encargado de una investigación penal sea nombrado por el fiscal jefe, pero no asegura la objetividad de la designación ni que el elegido no pueda ser removido.

Tampoco aprecia una "reforma ambiciosa" para el funcionamiento interno de la institución, señala Dexeus.