Salvador Illa, presidente de la Generalitat , saluda a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
El dilema de Sánchez en la opa del BBVA: debilitar el apoyo social al Govern de Illa o jugarse un tirón de orejas en Bruselas
El margen de discrecionalidad que se abre con la consulta de Sánchez sienta un precedente jurídico muy peligroso a la vista de los inversores.
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El visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a la opa de BBVA sobre Banco Sabadell y la apertura de una consulta pública de dudosa validez, han puesto al Gobierno en una encrucijada política difícil de salvar: si la operación sigue adelante, puede suponer un varapalo para Salvador Illa. Si se bloquea por una consulta popular, la batalla jurídica puede llegar hasta Bruselas.
Si el Gobierno da luz verde a la compra, tendrá que asumir el desgaste que puede sufrir el Govern de Illa en Cataluña entre la opinión pública. Allí las voces mayoritarias de la sociedad civil y empresarial son contrarias a que el BBVA pueda hacerse con la entidad que preside Josep Oliú.
Consideran que dejar caer una entidad como Sabadell supone una afrenta a los catalanes, y también un lastre para el desarrollo económico y empresarial de la economía regional. Supondría, en definitiva, la pérdida de apoyo social para Salvador Illa. Y también de forma indirecta para el Partido Socialista de Pedro Sánchez.
Se trata de algo a tener en cuenta por parte del Gobierno en sus cálculos electorales. Sin el control de Andalucía o sin el respaldo de Madrid, Cataluña se convierte en pieza clave de cara a unas futuras elecciones generales.
Sea como sea, también es cierto que hay una parte del empresariado catalán que sí asume que esto es cosa de mercado. Por tanto, consideran que esto deben decidirlo los accionistas conforme a lo que ha establecido la CNMC.
Por otro lado, la apertura de un periodo de consultas por parte del Ministerio de Economía se ha visto desde los mercados como una forma de ganar tiempo ante una decisión difícil por su calado político. Al mismo tiempo, el Ejecutivo se llena de argumentos válidos para intentar justificar tanto el bloqueo de la opa como su aceptación.
Una vez que la CNMC no ha puesto pegas a la operación, tras exprimir el negocio financiero al BBVA, las autoridades europeas estarán atentas para vigilar que, como en todas las opas que no suponen un riesgo sistémico para la economía del país, se deje decidir a los accionistas sin más condicionantes que los regulados.
Europa Press Madrid
De hecho, esa era la sensación que había entre los analistas tras el veredicto de Competencia, que dejaba el camino abierto a Economía y a Moncloa para aceptar la operación tal cual estaba condicionada, con la mayor base técnica posible en la legislación, incluso a nivel europeo.
Pero la consulta de Sánchez se ha convertido en un nuevo conejo de la chistera que devuelve la incertidumbre a un proceso que ha pasado a un plano puramente político. Sienta, además, un precedente peligroso para los inversores internacionales por lo que supone desautorizar el análisis técnico que han realizado las autoridades de Competencia.
Sin precedentes
La falta de desarrollo legal y reglamentario de una norma que es la primera vez que se utiliza para un caso que tiene el visto bueno de la CNMC abre paso a todo tipo de especulaciones. Existen precedentes de fusiones con el rechazo de Competencia concedidas por el Gobierno después, pero nunca al contrario, como ahora.
"No hay una modulación establecida para valorar el significado de cada cosa que te cuenten los ciudadanos, empresas o asociaciones de todo tipo y en toda España", advierten desde uno de los mayores despachos españoles de derecho de los negocios.
Efe Barcelona
Si, por ejemplo, el Gobierno decide que hay que hacer una serie de desinversiones en la cartera de pymes que ambos bancos acumulan, o renunciar a cierto número de sucursales, puede ocurrir que la fusión no sea rentable para nadie y todo se desmoronaría, aseguran fuentes del mercado.
Los expertos jurídicos consultados advierten de que fallar ahora en contra de la CNMC es desautorizarla, con lo que hay que buscar argumentos jurídicos, desde la política, que no perjudiquen su independencia. "Se pasa todo al ámbito de la política, y una consulta pública como esta es todo y es nada a la vez", corroboran desde otro bufete empresarial.
"Si finalmente los criterios y la decisión van a estar en manos del Gobierno, con los argumentos que quiera utilizar de su consulta, ¿para qué hace falta esa consulta? Que tome la decisión, la argumente y ya está", se preguntan algunos grandes abogados de este país.
