Por primera vez en la historia de la democracia española, un familiar directo del presidente del Gobierno será juzgado por corrupción. La juez de Instrucción del Juzgado nº3 de Badajoz ha enviado a juicio a David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez, y a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño.

En una resolución fechada este jueves, Beatriz Biedma les atribuye a ambos los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la creación y posterior adjudicación de una plaza en la Diputación de Badajoz en 2017.

Es cierto que la Audiencia Provincial de Badajoz, ante la que recurrió el letrado del músico, aún podría evitarle a David Azagra sentarse en el banquillo si decidiese archivar la causa. Pero a día de hoy, es un hecho que el hermano del presidente está procesado.

Gallardo, a quien la juez imputa la responsabilidad última, como presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, del diseño y concesión a Sánchez del puesto de coordinador de los conservatorios pacenses, critica en el recurso de apelación firmado por su abogado que la juez le mande a juicio de forma "arbitraria".

Pero, lejos de estar basada en "rumores", "meras conjeturas" y "términos hipotéticos", la decisión de sentarle en el banquillo está sobradamente fundamentada. En la resolución de este lunes, en la que Biedma propuso juzgar a ambos, la magistrada detalla los "diferentes indicios" que le permiten concluir que la plaza se creó ad hoc para el hermano del hoy presidente del Gobierno.

Entre ellos, que se adaptaron las condiciones de su puesto a sus circunstancias personales; que se le permitió contratar como colaborador suyo a un antiguo asesor de Moncloa; el testimonio de una aspirante al puesto que fue informada de que estaba preadjudicado al hermano de Pedro Sánchez; un correo electrónico en el que un jefe de conservatorio envió a otra colega las bases para el puesto con el asunto "El hermanísimo"; o la "falta de explicación racional y mínimamente verosímil de los hechos" por parte del músico en su inenarrable declaración ante la juez el pasado febrero.

Y sobre Gallardo, considera "inverosímil que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de [el Área de] Cultura que, desde el momento de la creación del puesto, el mismo estaba destinado a ser adjudicado al señor David Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos".

Tampoco se sostiene el argumento del abogado de Gallardo de que, cuando se concedió la plaza en 2017, Pedro Sánchez "no era nadie" ni en el PSOE ni en el Gobierno. Porque la juez ha recordado la "capacidad para influir" en el PSOE de Badajoz que Sánchez tendría ya entonces. Como antiguo secretario general del PSOE, se le presuponen relaciones estrechas con otros miembros del partido en Extremadura con competencia para crear el puesto.

Por si fuera poco, Gallardo ha recurrido al privilegio del aforamiento de manera oportunista, consciente de que acabaría en el banquillo. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento que esgrimirá Gallardo para probar que sólo puede ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Es el acta como nuevo diputado de la Asamblea de Extremadura, que Gallardo había recogido el miércoles a las 13:17 horas.

Gallardo defiende que el aforamiento no pretende torpedear la causa judicial, sino que "el número uno del PSOE extremeño pase a formar parte "del día a día" de la contienda parlamentaria. Pero es que prometió en una entrevista con este medio, hace menos de cuatro meses, que no estaría aforado hasta que el caso David Sánchez fuera cosa del pasado.

Como argumento para su cambio de opinión, Gallardo esgrime que "las acusaciones [populares] han querido alargar el proceso judicial para que yo no pueda confrontar políticamente. Y la legislatura [en Extremadura] termina en sólo dos años".

Pero después que este periódico haya certificado que el presidente de la Diputación pacense se aforó veinte horas antes de que la juez decretara la apertura de juicio oral contra él, lo razonable y honorable sería que Gallardo no tomara posesión de su acta de parlamentario autonómico y que dimitiese de todos sus cargos.