La exvicepresidenta del TC Asúa y un centenar de penalistas denuncian el "genocidio" de Israel y piden a la UE que actúe

El GEPC, una veterana asociación integrada por profesores de Derecho penal, jueces y fiscales que trabaja en propuestas legislativas en el ámbito penal, propone la prohibición, con efectos retroactivos, de los intercambios de material militar con Israel y la ruptura con este Estado de relaciones diplomáticas y comerciales.

El comunicado ha sido firmado por más de un centenar de penalistas españoles, incluidos cuarenta catedráticos de Derecho penal. Entre ellos se encuentran Adela Asúa, que fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional entre 2013 y 2017, y otros prestigiosos expertos como José Luis Díez Ripollés, Javier Álvarez, Mercedes García Arán, Mirentxu Corcoy, María Luisa Cuerda o Carmen Lamarca.

El documento expresa un "profundo rechazo a las actuaciones del Estado de Israel en Gaza, tras la sangrienta incursión terrorista de Hamás en su territorio" el 7 de octubre de 2023.

Su respuesta "indiscriminada" y "desproporcionada", afirma, "ha superado holgadamente todos los medios reconocidos por las leyes de la guerra para la defensa de un Estado soberano".

Para el GEPC, "todos los conocimientos disponibles" indican que el Ejército israelí no solo "ha cometido crímenes de guerra, sino además numerosos crímenes de lesa humanidad".

"Existen sólidos e incontestables indicios de que podemos encontrarnos ante un delito de genocidio impulsado por el propio Estado de Israel", afirman los juristas.

"Como penalistas decididos promotores de la vigencia del Derecho penal internacional y de la persecución de los crímenes contra la comunidad internacional", añaden, "denunciamos el comportamiento adoptado por quienes debieran velar por la vigencia de estos instrumentos internacionales".

Indican, en este sentido, que "nos resulta desconcertante la predominante pasividad de la comunidad internacional, la persistencia de la ayuda militar y económica de los Estados Unidos a Israel en estas condiciones, la equidistancia de la mayoría de los países de la Unión Europea y de las propias instituciones europeas, cuando no su claro apoyo a Israel, y el insuficiente compromiso del Estado español frente a estas trascendentes violaciones del Derecho internacional".

El comunicado sostiene que "la responsabilidad primera de la situación actual recae sobre el Estado de Israel, que ha incumplido reiteradamente las resoluciones de Naciones Unidas desde 1947 y que ocupa e incorpora territorios que nunca le han sido reconocidos internacionalmente".

Añade que las autoridades palestinas "deben contribuir a la solución, sin renunciar a la defensa y protección de su pueblo, con expresa renuncia a comportamientos terroristas".

A su parecer, la comunidad internacional "debe implicarse con decisión en la solución del conflicto, además de rechazar sin ambages recientes propuestas de Estados Unidos que aceptan e incluso incentivan la política de hechos consumados de Israel".

"La responsabilidad en el pasado de diversos estados y sociedades europeas en el exterminio y genocidio del pueblo judío no justifica su inacción e hipocresía actuales", afirma el escrito.

Los penalistas firmantes exigen a la comunidad internacional, específicamente a la UE y sus países integrantes, y en particular, a España, la personación en los procesos penales internacionales que se siguen contra dirigentes de Israel por la presunta comisión de los delitos mencionados.

También piden la "activa implicación" de la UE y sus estados integrantes en la investigación de posibles delitos internacionales cometidos por gobernantes de Israel, y la presentación de las correspondientes querellas en los tribunales penales internacionales competentes.

Propugnan una efectiva aplicación del principio de jurisdicción universal por los países de la UE sobre los ciudadanos israelíes responsables de esos delitos que se encuentren en su territorio o de los que se pueda disponer de acuerdo con los instrumentos de ayuda judicial internacional.

Reclaman, asimismo, la directa involucración de la UE y sus estados integrantes en la solución del conflicto, entre otras medidas con la prohibición de los intercambios directos o indirectos de material militar con Israel.

Como medio para "favorecer la reacción de la sociedad israelí, y a semejanza de como se ha hecho en situaciones internacionales similares", piden que se tome en "seria consideración" la denuncia de cualesquiera acuerdos internacionales, a salvo los de carácter humanitario, con el Estado de Israel, así como la ruptura de las relaciones diplomáticas y la interrupción de las relaciones comerciales.