El etarra Narváez Goñi, en 2015, tras ser detenido en México.
El fiscal recurre el tercer grado que el Gobierno vasco ha dado al etarra 'Pajas' y frena de momento su salida de prisión
Sus condenas a prisión suman 460 años. Las víctimas del terrorismo alertaron de que Narváez Goñi sólo ha cumplido una década entre rejas.
Más información: El etarra 'Pajas' sólo tendrá que dormir en la cárcel: la consejera del PSE le da el tercer grado tras cumplir 10 de 460 años de pena
El fiscal Carlos García Berro ha interpuesto un recurso contra el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra Juan Jesús Narváez Goñi.
Este terrorista, apodado Pajas, fue condenado por cuatro asesinatos y otros delitos, que suman un total de casi 500 años de cárcel. Tras más de dos décadas huido en México, fue detenido en 2015 y juzgado por varias causas ese mismo año.
Pese a llevar tan sólo diez años entre rejas, la Consejería de Justicia y Derechos Humanos de Euskadi le concedió hace una semana el tercer grado, lo que le permitiría salir de prisión y regresar únicamente a dormir.
No obstante, si la Fiscalía presenta un recurso, esta semilibertad queda congelada hasta que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional se pronuncie. Y así ha sucedido. Ahora será un juez quien tenga la última palabra.
A juicio del fiscal García Berro, la semilibertad es precoz. Narváez Goñi muestra "una buena evolución en el tratamiento penitenciario", pero hace no mucho tiempo se le concedieron permisos de salida, que aún no ha disfrutado. Y la Fiscalía cree que es preciso esperar a ello y ver cómo se desarrollan.
Historial criminal
Este histórico etarra tiene a sus espaldas un abultado historial criminal. Fue condenado en 2015 a 296 años de prisión por el atentado que acabó con la vida de dos miembros de los Tedax (la unidad dedicada a la desactivación de explosivos).
En concreto, la Audiencia Nacional le impuso la pena de 28 años de prisión por cada muerte, que se suman a otros 23 años por cada uno de los diez asesinatos frustrados y a una pena por el delito de estragos terroristas.
Ese mismo año, Narváez Goñi fue sentenciado a otros 104 años de cárcel por el atentado de ETA contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Torremolinos. El ataque, ocurrido en 1991 y en el que se empleó un coche-bomba, causó heridas a cuatro personas y numerosos daños materiales.
Pajas, también en 2015, fue condenado a seis décadas de prisión por el asesinato de dos policías en diciembre de 1991. Acompañado de otro etarra, disparó a bocajarro contra un local de Barcelona. En total, sus condenas suman 460 años de cárcel.
Tal y como denunció en un comunicado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el Gobierno vasco le concedió el tercer grado sin que se haya arrepentido de sus delitos.
La decisión de beneficiarle con la semilibertad es responsabilidad, en última instancia, de la consejera de Justicia y Derechos Humanos de Euskadi, María Jesús San José López, del PSE (la rama vasca del PSOE).
Su postura indignó a las víctimas, que instaron en su comunicado al fiscal García Berro a frenar este tercer grado mediante un recurso. Así ha sucedido.
"Indultos encubiertos"
Desde el 1 de octubre de 2021, el Gobierno vasco ostenta las competencias penitenciarias, atribuidas hasta entonces al Estado central. En estos tres años y medio, las concesiones de terceros grados se han disparado; son varias casi cada mes. Según la AVT, ya disfrutan de esta condición el 30% de los presos etarras.
En su comunicado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo criticaba estos "indultos encubiertos", que atribuye al Ejecutivo regional y, concretamente, a la consejera San José.
"Ya estamos en la última fase de esta ignominia. El cumplimiento de pena [de Narváez Goñi] es irrisorio. Un asesino que acabó con la vida de cuatro personas ha cumplido 10 años de prisión", le afeaba la asociación.
Hasta 2015, Pajas no fue juzgado por terrorismo. Por más de dos décadas, permaneció fugado de la Justicia. Fue localizado por las autoridades junto a su pareja, también miembro de ETA, en febrero de 2014 en Puerto Vallarta (México). Allí vivían con sus dos hijos. Trabajaban como masajista y profesora de yoga, respectivamente.
