
Marcos Casado, este martes en las Cortes de Aragón. Cortes de Aragón
Las grandes superficies piden más flexibilidad horaria y alertan del "salvaje" impacto de la reducción de jornada
Aseguran que la liberalización de comunidades como Madrid ha hecho crecer el empleo y la facturación de los negocios e instan a eliminar trabas.
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Las grandes superficies piden más flexibilidad horaria para competir contra las plataformas 'online' y alertan del "salvaje" impacto que puede tener la reducción de la jornada laboral para el sector. Son dos de los mensajes que ha dejado este martes el secretario general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Marcos Casado, en las Cortes de Aragón.
El colectivo, que abarca a 240.000 trabajadores y 22 empresas, representa a grandes almacenes, hipermercados y más de 4.000 supermercados en toda España. Solo en Aragón, el sector está formado por 265 establecimientos y engloba 400.000 metros cuadrados de superficie comercial, cifras que se traducen en más de 7.200 empleos directos.
Casado ha querido poner negro sobre blanco la situación actual del comercio minorista, sus dificultades y las oportunidades que existen. Desde la pandemia, ha reconocido, ha experimentado una transformación "impresionante" debido a la irrupción de las nuevas tecnologías, la aparición de plataformas digitales y la evolución que ha vivido la logística "como consecuencia de los dos puntos anteriores".
Según el director general, la digitalización es ya necesaria "a todos los niveles". La transición hacia una economía verde y la formación de talento son otros de los grandes desafíos; aspectos que, para encauzarse, necesitarán de inversiones milmillonarias en toda Europa.
El colectivo apuesta por un marco legislativo más flexible para todo el sector del retail comercial. "España es el tercer país con más restricciones horarias de toda la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y Austria. A nivel de comunidades autónomas, en Madrid y Ceuta se da una situación de libertad, mientras que en Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia y Melilla hay un escenario de flexibilidad", ha expuesto.
Que Aragón no aparezca en este listado quiere decir que está entre las regiones más restrictivas. Los empresarios aseguran encontrarse con verdaderos problemas para ejercer su actividad o abrir nuevos negocios a nivel nacional, sobre todo, en comparación con otros países del Viejo Continente, ya que muchas comunidades van "al mínimo de 10 días que marca la regulación estatal".
Para combatir la 'demonización' de la liberalización de horarios, Casado ha echado mano de informes cualitativos y cuantitativos de comunidades como Madrid. Según estos estudios, esta política ha mejorado el empleo y la experiencia de compra y ha empoderado a los emprendedores. "En Barcelona, la zona de gran afluencia turística ha impulsado las compras y ha atraído millones de euros que, de otra manera, hubieran ido al comercio 'online", ha agregado.
A estos datos ha unido dos porcentajes especialmente significativos. "El 38% de los ciudadanos residentes en Barcelona acuden a comprar cuando se abre los domingos, mientras que en los municipios limítrofes es el 20%. Además, tiene un efecto arrastre en la restauración. Es positivo para todo el comercio en general", ha señalado.
Desde Anged aseguran ser "aliados" del pequeño comercio. "Vamos de la mano. Estamos en el mercado que estamos y hay que competir. Nuestras empresas están devanándose los sesos diariamente para ser las mejores. El comercio 'online' nos afecta a todos, las plataformas digitales están creciendo a doble dígito y sus días de más ventas son los viernes y los domingos. Es una competencia feroz y quien no encuentre su nicho no va a subsistir", ha advertido.
Casado ha rechazado, además, la tesis de que una mayor flexibilidad horaria perjudique per sé la conciliación, ya que el convenio colectivo incluye lo que se conoce como "días de descanso de calidad". También ha sido especialmente crítico con los previsibles efectos de la reducción de la jornada laboral que está impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez con la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente. "Esto debe llevarse a la negociación colectiva, no venir por imperativo legal. Tiene un impacto salvaje, brutal. Son medidas que no resultan positivas", ha opinado.