Elda Mata deja la presidencia de Societat Civil: "Confío en que el TJUE decida que Puigdemont no se beneficia de la amnistía"

Elda Mata Miró-Sans concluye el próximo día 30 su etapa como presidenta de Sociedad Civil Catalana (SCC), la entidad que defiende contra viento y marea los derechos de los constitucionalistas y de los castellanohablantes en Cataluña.

Elda Mata jugó un papel fundamental en la manifestación que reunió a un millón de personas en Barcelona el 8 de octubre de 2017, en defensa de la unidad de España y en contra del referéndum ilegal de independencia organizado por Carles Puigdemont. Tanto el PP como el PSOE celebraron aquella manifestación histórica como un éxito.

Pero, según revela la todavía presidenta de SCC, ambos partidos pusieron reparos a la convocatoria.

El entonces secretario general del PSC, Miquel Iceta, no quiso aparecer y envió en su lugar a Josep Borrell y Salvador Illa. Por su parte, el PP de Rajoy se mostraba convencido de que Puigdemont iba de farol y el referéndum ilegal del 1-O nunca llegaría a celebrarse. Hasta que la fractura de la sociedad catalana resultó irreparable.

¿Espera ver este verano a Carles Puigdemont caminando libre por las calles de Cataluña, sin tener que rendir cuentas ante la Justicia? Cándido Conde-Pumpido ya ha adelantado que el TC se pronunciará probablemente antes del verano sobre la ley de amnistía.

Más bien, espero no verlo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está acelerando los pasos, posiblemente porque ve cosas del Tribunal Constitucional que no le acaba de convencer. Más aún, después de lo ocurrido con el caso de los ERE. Desde Sociedad Civil Catalana pedimos al Tribunal de Cuentas que presentara una cuestión prejudicial ante el TJUE, porque entendemos que la Unión Europea, cuyas normas tienen un rango superior a las leyes nacionales, no puede aceptar que se amnistíen los delitos de malversación y corrupción.

Creo que antes del verano habrá un paso importante, y espero que este otoño haya sentencia. El TJUE ya nos ha consultado, como acusación popular, si queremos que se celebre una vista y hemos dicho que sí. Es algo que sólo ocurre en casos especialmente relevantes, normalmente hay un abogado instructor que eleva sus conclusiones al Tribunal.

[El Tribunal de Cuentas dirigió el pasado mes de julio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la primera cuestión prejudicial para que determine si debe aplicarse la ley de amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y el resto de encausados en el procedimiento de reclamación patrimonial por los gastos del referéndum ilegal del 1-O.

Como acusación popular, Sociedad Civil Catalana cifró en 5 millones de euros la cantidad malversada en el referéndum ilegal del 1-O y el sector exterior de la Generalitat (a través de su red de embajadas). Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas reduce esta cifra hasta los 3,4 millones].

Durante sus tres años al frente de Sociedad Civil Catalana (SCC), ¿ha echado en falta el respaldo de las instituciones?

Nunca hemos dependido de ningún partido o institución. Nos mantenemos gracias a las cuotas de nuestros socios y a aportaciones voluntarias. No pedimos subvenciones, porque queremos tener las manos libres para decir lo que pensamos. Cuando tienes una dependencia económica, no eres del todo libre. Sociedad Civil se fundó para defender los derechos que emanan de la Constitución, gobierne quien gobierne, no nos movemos en el eje transversal derecha-izquierda.

El PSOE y el PSC participaron en las manifestaciones convocadas por SCC en contra del referéndum ilegal del 1-O. ¿En qué momento les dieron la espalda?

La manifestación del 8-O de 2017 [que reunió a un millón de personas en las calles de Barcelona] se iba a celebrar inicialmente en agosto, luego en septiembre... porque los partidos no lo veían claro. Iceta no quiso ir, y envió en su lugar a Illa y Borrell. En vista del éxito, sí se apuntó a la siguiente.

¿Tampoco lo veía claro el PP?

El PP seguía creyendo que el referéndum ilegal no llegaría a celebrarse, que encontrarían la fórmula para impedirlo. Nosotros les avisamos: se va a armar. [El Gobierno de Rajoy] lo gestionó muy mal. Me cuesta creer que el CNI y la Guardia Civil no encontraran las urnas. ¿No las querían encontrar?

Ahora veo que en el PP hablan de alcanzar acuerdos con Junts. ¡Pero si dicen que lo volverán a hacer, como ERC!

Tras el trauma del 1-O, ¿la convivencia y la "normalidad" han regresado a Cataluña, como presume con frecuencia el presidente Pedro Sánchez?

Grupos constitucionalistas como los jóvenes de S'ha Acabat siguen sufriendo agresiones y exclusión por motivos ideológicos, fomentada por el nacionalismo, que considera que la universidad es suya. Al igual que los nacionalistas nos excluyeron a todos los que consideran que somos catalanes de segunda. No, la normalidad no ha vuelto a Cataluña.

SCC batalló en los tribunales con otras entidades para conseguir las sentencias que garantizan al menos un 25% de enseñanza en castellano en las escuelas de Cataluña. Pero ERC y Junts ya reclama a Salvador Illa que incumpla esas sentencias.

Ya lo hicieron en su momento, maniobraron en el Parlament. Pero está elevado al Tribunal Constitucional y se acabará cumpliendo, porque aprender español es un derecho y un deber constitucional. Illa gobierna porque pactó con ERC. Los nacionalistas defienden el catalán a base de imposición y de excluir el español en la enseñanza, así van a conseguir el efecto contrario.

Y siguen mintiendo, diciendo que la mejor educación sólo si es en catalán. Y todavía dicen desde la Generalitat que son muy pocas las familias que reclaman. Todos sabemos el acoso que han sufrido las familias como la de Canet, por defender en los tribunales este derecho constitucional. Es una barbaridad.

Por desgracia, ha ocurrido con distintos gobiernos, que han dejado hacer, pensaban que cediendo... Con una ideología como el nacionalismo no puedes ceder, porque tiene una base de supremacismo que te impide hablar de igual a igual.

¿Cree que es sostenible esta legislatura? Junts exige al Gobierno nuevas concesiones, a cambio de su apoyo a cada votación en el Congreso.

Son pactos entre trileros, no te puedes fiar de ninguno de ellos. Unos ya saben que es imposible que les cedan lo que acaban de firmar. Esto durará hasta que alguna de las partes quiera romper porque necesita cambiar de estrategia, no va a ser eterno.

Hoy Junts tiene menos poder institucional y respaldo electoral que nunca, pero tiene más influencia que nunca sobre el Gobierno. Ahora intentan negociar en Suiza alguna fórmula que les permita celebrar un nuevo referéndum.

Desde Sociedad Civil, estamos en contra de la venta de favores políticos a cambio de votos. Como dijimos en la manifestación de octubre de 2023, la amnistía y la autodeterminación, no en nuestro nombre.

La última concesión del Gobierno a Junts ha sido el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. ¿Los principales dirigentes de Junts piensan en materia de inmigración lo mismo que Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, pero no se atreven a decirlo en voz alta?

Una parte de Junts sabe que el partido se desangra por ese lado. De momento, Sílvia Orriols sigue siendo alcaldesa de Ripoll porque Junts decidió en el último momento no apoyar la moción de censura.

Jordi Pujol ya sostenía que la identidad catalana se diluye por culpa de la inmigración. E intentó que toda la que llegaba a Cataluña procediera de África, para que no tuviera la cultura hispana. Pero es un fenómeno imparable.