Bolaños escribe una carta a las asociaciones de jueces y fiscales para defender la reforma que les ha puesto en pie de guerra

Para él representa un hito en la "mayor transformación de la Justicia en décadas", como viene repitiendo. Para cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales (todas menos las más próximas al Gobierno, Jueces y Juezas para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales), supone "un serio retroceso en el Estado de Derecho" al propiciar un "acceso arbitrario" a la Judicatura, restringir la participación democrática en nuestros órganos de gobierno y someter "instancias clave a criterios partidistas".

Además, más de mil jueces participan en un movimiento puesto en marcha por las promociones más jóvenes de jueces y fiscales en el que se plantea la posibilidad de llevar a cabo paros laborales o una huelga.

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Bolaños justifica la carta por la existencia de "algunas informaciones inexactas" y pide "un debate serio, riguroso y sosegado sobre la base de la realidad de lo que regula el proyecto de ley".

El escrito sostiene que la iniciativa del Ejecutivo "mejora del sistema de acceso" a la carrera judicial y lo hace "más objetivo y adaptado a las necesidades de hoy".

"En la oposición libre, quedan intactos tanto el temario como los dos primeros exámenes (es decir, el test y la prueba oral) y se introduce posteriormente un examen práctico, en forma de dictamen, que permite evaluar la capacidad de razonamiento jurídico y la expresión escrita, en la línea de lo que ya sucede en el resto de oposiciones del mismo nivel (Notarías, Registros o Abogacía del Estado)", señala.

En el concurso-oposición del denominado cuarto turno (acceso a la Judicatura de juristas con 10 años de experiencia, sin necesidad de superar la oposición), "para garantizar también por esta vía la alta cualificación técnica de los candidatos seleccionados el proyecto de ley invierte el orden de realización de las pruebas de evaluación, que no se modifican en su contenido".

Los candidatos deberán superar en primer lugar el examen escrito y solo aquellos que aprueben pasarán a la fase de concurso.

Quienes accedan por concurso-oposición verán reconocidos cinco años de servicios, "pero solamente a los efectos del acceso a cargos de carácter discrecional".

Regularización de sustitutos

Respecto al llamado "proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos", uno de los aspectos del proyecto que genera más oposición, el ministro sostiene que "cumple los principios de mérito y capacidad" y "los requerimientos de la Comisión Europea".

Afirma que esa regularización "sigue las medidas efectivas que la Comisión Europea y la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE reclaman para acabar con el abuso de la temporalidad en el empleo público".

El proceso tiene un contenido y regulación "prácticamente idénticos a los del concurso-oposición" del cuarto turno y el tribunal tendrá la composición habitual de los procesos selectivos de acceso a la carrera judicial.

"Este proceso extraordinario permite ofrecer una oportunidad de consolidación a personas que llevan muchos años ejerciendo con profesionalidad como jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes, evitando, además, una posible sanción al Reino de España por incumplir el Derecho de la Unión Europea", defiende Bolaños.

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Destaca que a quienes accedan a las carreras judicial y fiscal por este proceso extraordinario no se les reconocerá antigüedad de servicios.

El titular de Justicia subraya también el blindaje legal de las becas Seré, consistentes en ayudas para la preparación de las oposiciones a las carreras judicial y fiscal y a los cuerpos de Abogacía del Estado y de Letrados de Administración de Justicia.

Defiende, asimismo, la introducción de "pluralidad" en la Comisión de Ética Judicial. Su composición pasará a ser "más diversa", dice, ya que, junto a los cinco miembros que deben ser jueces habrá cuatro catedráticos elegidos por las Cortes Generales.

Para Bolaños, con ello la Comisión de Ética Judicial "pasará a reflejar mejor el pluralismo existente en nuestra sociedad y en la comunidad jurídica, evitándose que la ciudadanía pueda percibir una visión simplemente corporativa de la interpretación de los principios que han de regir la ética judicial en un poder del Estado".

Defiende igualmente que haya una restricción a la financiación de las asociaciones judiciales, que solo podrán obtener fondos públicos o provenientes de las cuotas de sus miembros. "El objetivo reside en fortalecer y proteger su efectiva independencia y la apariencia de esta, evitando que pueda interpretarse que la financiación privada pueda condicionar su actuación", afirma.

La carta no se refiere a otro cambio relevante que es rechazado por las asociaciones de jueces: la modificación del sistema de elección de las Salas de Gobierno de los tribunales, el único órgano colegiado que, junto con la Comisión de Ética Judicial, puede ser elegido de forma directa por los jueces.

La imposición de candidaturas individuales y la restricción del derecho de sufragio (cada elector podrá votar a un solo candidato) se considera un "retroceso democrático" ya que "limita injustificadamente la representación proporcional de la carrera judicial".