Montaje de Josep Ginesta con un grupo de trabajadores.
Josep Ginesta, experto en relaciones laborales: “La reducción de la jornada laboral tendrá impacto en...”
El profesor de OBS Business School y secretario general de Pimec afirma que “la fijación de una jornada máxima legal obligatoria no es el santo grial”.
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El último Consejo de Ministros aprobó la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Así lo anunció la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Para que entre definitivamente en vigor, deberá recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados.
“Condicionará nuestro trabajo, nuestra competitividad y la economía. También la capacidad de ser viables de algunos sectores y en especial las empresas de menor dimensión”, afirma Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de Pimec.
Y añade: “Objetivamente, con mayor o menor intensidad en función de quien lo analiza, la reducción de jornada tendrá impacto en el PIB, en pérdida de puestos de trabajo, oscilaciones en la productividad y pérdida de poder adquisitivo de los salarios más bajos”.
Las señas de identidad de España
El profesor basa su argumento en ejemplos basados en medidas similares en otros países, tal y como ocurrió en Francia en 1982 y 2000. “En Bélgica, Italia, Portugal o Eslovenia produjeron reducción de jornada media, pero no crearon empleo, incrementando la probabilidad de perderlo”, resalta.
Asimismo, apunta que la reducción de jornada conlleva “el incremento de costes laborales unitarios, y la necesidad de cubrir vacantes por la menor fuerza del trabajo disponible, con algunos sectores donde ni siquiera existen los profesionales necesarios”.
De ahí que el secretario general de Pimec subraye que, “sin ser catastrofistas, pero siendo realistas, se hace difícil pensar que una reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario no tenga impacto a nivel agregado en nuestra economía, a no ser que pensemos que podemos hacer lo mismo en menos tiempo. Quizás sea posible, si lo planteamos conjuntamente de otra forma, y de eso va la cosa”.
Ante este escenario, el de la propuesta de trabajar menos y ganar más o lo mismo, “es imposible estar en desacuerdo. Cosa distinta es cómo se hace, quién lo paga, y cómo se resuelve el entuerto de seguir progresando en un país con los déficits estructurales”.
Y es que, desde su punto vista, España tiene una serie de ‘particularidades’ que la alejan del modelo eficiente de trabajo que tienen otras economías con las que compite.
"Hemos progresado en derechos, con un incremento importante del salario mínimo, liderando la relación ‘decente’ entre salario medio y salario mínimo, con más empleo indefinido, lejos de las desigualdades de las que veníamos”, apunta.
Pero, a esos avances en derecho, no le han acompañado mejoras de lo que denomina como “otros déficits”. Es decir, “un alto absentismo e incidencia de bajas laborales, desempleo desorbitado en términos de economía desarrollada y, a la vez, dificultades en muchos sectores para cubrir vacantes y con perfiles adecuados además del estructural déficit en productividad”.
Por eso, señala que estos contrastes, en conjunto, afloran la siguiente realidad: “Somos poco eficaces, eficientes y muy poco efectivos, con efectos sobre nuestra economía, nuestras empresas y, por supuesto, las personas, que no ven reconfortados sus proyectos vitales y profesionales”.
Y concluye de la siguiente manera: “La fijación de una jornada máxima legal obligatoria no es el santo grial de la mejora del tiempo de trabajo, sino que lo es la fuerza de la negociación colectiva y los consensos en los diferentes sectores de actividad con posibilidades y oportunidades distintas para garantizar su productividad”.
