El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, este martes.
El Congreso aprueba que la Mesa tenga la autoridad para retirar la acreditación a los periodistas "agitadores"
PP y Vox rechazan que sea "un órgano político" el que actúe como "un tribunal inquisidor que expida carnés de buenos y malos periodistas".
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El pleno del Congreso ha admitido a trámite este martes una nueva regulación de la actividad de los periodistas parlamentarios con el apoyo del PSOE y sus socios, que denuncian la presencia de "agitadores ultra", y el rechazo del PP y Vox, que ven la iniciativa contraria a la libertad de información.
La iniciativa es una proposición de ley presentada por el PSOE y sus socios de investidura de Sumar, PNV, Bildu, ERC, Junts y grupo mixto para reformar el reglamento del Congreso e introducir una nueva regulación de la actividad periodística, así como la ampliación del voto telemático de los diputados a más casos.
La propuesta contempla sanciones que van desde la suspensión temporal de la acreditación hasta la retirada definitiva en casos de infracciones muy graves, como proferir insultos o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara.
Será la Mesa del Congreso la encargada de renovar las acreditaciones a los periodistas. PP y Vox, que han votado en contra, han mostrado su preocupación porque, a partir de ahora, la Mesa, "un órgano político", será la que decida "quién es un buen periodista y quién es un activista", en palabras de la diputada popular Macarena Montesinos.
Con su admisión a trámite, el pleno ha dado luz verde para que esta propuesta siga dando pasos en el Congreso hasta su votación final, en la que será necesaria una mayoría absoluta para que salga adelante.
Reforma
En concreto, la reforma plantea que la Mesa del Congreso regule el procedimiento para conceder y renovar acreditaciones a los medios de comunicación teniendo en cuenta criterios como el respeto al "derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara", tras varios episodios de "intimidación" y "faltas de respeto" por parte de personas acreditadas.
Además, plantea hasta 17 tipos de infracciones por faltas de respeto o por incumplimiento de las reglas de cortesía parlamentaria en el Congreso por parte de las personas acreditadas como prensa, con la posibilidad de suspender temporalmente la credencial o incluso retirarla del todo en los casos más graves.
Durante el debate en el pleno, el PSOE y muchos de sus socios han señalado que esta propuesta es fruto de las demandas de los propios profesionales de la información y han puesto el foco en el PP por no apoyarla.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha denunciado la presencia de personas acreditadas en el Congreso como medios de comunicación pero que, en su opinión, no hacen periodismo sino "basura y activismo ultra" a través de "señalamientos, amenazas y acosos" hacia algunos políticos y periodistas.
"Estas cosas nos interpelan a todos pero permítenme que les diga, señorías del PP, que les interpelan especialmente a ustedes, porque ustedes no solo les defienden, ustedes los protegen, les dan abrazos, los llevan a su sedes a grabar comedietas sin ninguna gracia para promocionarlos y los financian", ha dicho.
El diputado de Sumar Francisco Sierra ha instado al PP a decidir si están con los "trumpistas" o con el Estado de derecho, mientras que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se ha preguntado qué haría el portavoz del PP, Miguel Tellado, si dijeran de él que es "franquista" o la portavoz de Vox, Pepa Millán, si la llamaran "hija de puta".
Muy crítico también, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho que los agitadores acreditados como prensa son "sicarios y mercenarios" al servicio de PP y Vox y ha alertado de que no solo actúan en el Congreso, sino también en la calle, persiguiendo a algunos políticos.
Los representantes de Junts y Podemos han apoyado esta iniciativa pero consideran que llega tarde, porque afirman que sus propios partidos llevan años sufriendo la persecución de algunos medios.
PP y Vox, en contra
Por su parte, el PP y Vox consideran que con esta reforma el PSOE pretende controlar la libertad de expresión y de información ante los casos de corrupción que rodean al partido.
"No vamos a apoyar que la Mesa del Congreso, un órgano político, no lo olvidemos, se convierta en un tribunal inquisidor que expida carnés de buenos y de malos periodistas. Y ustedes tampoco deberían, señorías, están sentando un precedente muy, muy peligroso", ha advertido la diputada del PP Macarena Montesinos.
En la misma línea, el diputado de Vox Alberto Rodríguez cree que esta regulación de la actividad periodística es una "extralimitación" por parte del Congreso y asegura que su formación no va a participar en este "aquelarre" para intentar acallar a quienes denuncian las "miserias y vergüenzas" del Gobierno.
Poder para la Mesa
La reforma, que afecta al artículo 98 del Reglamento del Congreso, fue registrada a finales de marzo con el fin de "establecer unas normas de convivencia y garantizar la labor de las y los profesionales de la información".
La iniciativa llega después de que tanto diputados como periodistas hayan protestado por la labor de algunos informadores acreditados en el Congreso. El motivo de las quejas es diverso: van de no respetar los turnos en las ruedas de prensa a señalar en redes sociales a otros compañeros por motivos ideológicos o a encararse con ellos.
Según la exposición de motivos de la reforma, hay personas que han "perturbado gravemente" el ejercicio de los profesionales y que "se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas que defienden que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento".
El registro de la reforma parece el último paso de un camino que se empezó a transitar en febrero del año pasado, cuando el PSOE dirigió varios escritos al Congreso y al Senado para que haya medios de comunicación que fueran sancionados por su trabajo en el día a día parlamentario.
La reforma da un gran poder a la Mesa del Congreso para regular la labor informativa dentro de la Cámara.
Será la Mesa, por ejemplo, la que "fijará los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara" para otorgar las credenciales.
También pide la reforma que los periodistas tendrán que atender a las "reglas de cortesía parlamentaria y las directrices e instrucciones que acuerde la Mesa".
Por otro lado, se creará un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria formado por un portavoz de cada grupo político y representantes de los colectivos profesionales de periodistas. Este último, también, será regulado por la Mesa.
La Mesa será igualmente la encargada de sancionar a los periodistas que incurran en alguna infracción, previa proposición del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria.
