Matilde Cuena, catedrática, sobre la ley de Vivienda: “Ha sido una bomba de relojería que ha dinamitado el mercado”

Hace dos años que está en vigor la conocida como Ley por el Derecho a la Vivienda. Y, los resultados, no están siendo todo lo satisfactorio que cabría esperar.

Por ejemplo, y según los datos de Idealista, la oferta de viviendas en el mercado del alquiler permanente ha caído un 17%.

En el mismo periodo, el número de personas interesadas en vivir de alquiler ha aumentado un 79%. Y, el incremento de las rentas, ha sufrido un incremento medio en España del 24%.

“Los hechos evidencian el fracaso de la ley de Vivienda”, afirma Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. Y lo hace en un estudio del IEE sobre la excesiva fiscalidad sobre la vivienda.

“Su promulgación tuvo realmente objetivos electorales abanderándose como instrumento de protección de los colectivos vulnerables que son los que al final han salido más perjudicados”, añade.

Bomba de relojería

La catedrática, en su análisis de la situación de los últimos dos años, sigue siendo rotunda: “Las medidas intervencionistas han provocado una importante restricción de la oferta y un encarecimiento del mercado del alquiler”.

Al referirse a medidas intervencionistas pone, como ejemplo, los controles de rentas en zonas tensionadas. Pero también añade otros condicionantes.

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“Si a ello le unimos las medidas populistas que limitan y ponen obstáculos a los desalojos incluso a ocupantes ilegales, el resultado es que esta ley ha sido una bomba de relojería que ha dinamitado el mercado”, remarca.

En concreto, y según sus propias palabras, “en estos dos años se han perdido más de 120.000 inmuebles".

En su análisis de la situación, la catedrática subraya el hecho de que “muchas medidas contra los propietarios están siendo declaradas constitucionales perpetrándose, desde los últimos años, ataques al derecho de propiedad”.

Y remarca el hecho de que esos “ataques al derecho de propiedad, no dejan de ser ataques contra la libertad”.

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Desde su punto de vista, el Estado “no ha construido vivienda social, ha fracasado en su política social de vivienda”. ¿Solución?

“Está minando la propiedad privada hasta el punto obligar a los propietarios (fundamentalmente grandes tenedores) a mantener a ocupantes ilegales en su propiedad”, apunta Matilde Cuena.

Por último, y debido a esta situación, no duda en calificar a España como “el paraíso de la ‘okupación’”.

“El legislador está protegiendo a los ocupantes ilegales haciendo recaer sobre el propietario privado la satisfacción del derecho a la vivienda. En suma, este problema no es casual, sino creado por el legislador”, concluye.