Sánchez no pregunta al Congreso por el gasto militar pero sí pregunta a los españoles por aspectos técnicos de la opa

Sin embargo, el Gobierno sí que pregunta a todos los españoles, a través de una consulta pública, si debe o no aceptar la oferta pública de adquisición del BBVA sobre el Banco Sabadell, con preguntas sobre aspectos técnicos lejanas al conocimiento medio.

Sánchez ha articulado su plan de Defensa, rechazado por parte de su Gobierno incluso, con más de 10.471 millones de euros, a través de modificaciones en partidas presupuestarias ya existentes, forzando la utilización de créditos no ejecutados de años anteriores e impulsando la reasignación de fondos europeos del Plan de Recuperación.

Las dos primeras vías aprovechan la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, y que los vigentes -prorrogados desde 2023- son tan expansivos que han dejado partidas sin aprovechar. El tercer subterfugio, por su parte, retrasará aún más el quinto pago de los NextGeneration, porque la Comisión Europea debe darle el visto bueno a la modificación.

Pero con esta fórmula, el Ejecutivo esquiva el debate y el control del Congreso, a pesar de que la legalidad del procedimiento es "cuestionable", según la oposición y algunos de sus socios parlamentarios.

Además, tras el gran apagón del pasado 28 de abril, el presidente anunció que incluirá "la crisis energética" en esta comparecencia ante el pleno del Congreso. Lo que, según fuentes parlamentarias del PP, convertirá aún en más "esperpéntico" el debate. "Sánchez quiere tapar un escándalo con el otro, y diluir su desprecio democrático a las Cortes con la apariencia de que da la cara cuando, en realidad, sólo pretende esconderse en el ruido".

"Papel mojado"

Cabe recordar, además, que el Consejo de Ministros no adoptó ningún acuerdo formal sobre el plan de Defensa, ni éste ha sido publicado en el BOE. En realidad, el Gobierno simplemente "tomó conocimiento" del informe presentado en la reunión semanal del pasado 22 de abril, y se publicó en la web de Moncloa.

Esto impide que el documento tenga forma jurídica y, por tanto, lo hace inimpugnable política y jurídicamente. Y lo convierte, según un alto cargo del PP, en "papel mojado".

La razón de fondo es política: Sánchez es consciente de que no cuenta con la mayoría necesaria para sacar adelante una medida de este calado en la Cámara Baja. No tiene Presupuestos ni los ha presentado en lo que va de legislatura, y en cualquier caso, le resultaría imposible aprobar unas cuentas públicas que incluyeran un aumento milmillonario en gasto militar.

Además, el plan ha sido objeto de críticas incluso desde la propia OTAN, que es la que marca el objetivo del 2% del PIB en gasto militar desde hace más de una década.

El secretario general, Mark Rutte, señaló hace 10 días que, "con eso no nos basta para defender Europa". Además, mientras el Gobierno sostiene que España destinó el 1,4% del PIB a defensa en 2023, la Alianza Atlántica cifra el gasto real en el 1,24%, según el último Informe Anual del Secretario General.

El dato supone una caída respecto al 1,28% del año anterior, y vuelve a situar a España como el país que menos invierte en defensa dentro de la OTAN.

El contexto es aún más exigente: en apenas mes y medio, la Alianza exigirá a sus miembros compromisos más ambiciosos, "por encima del 3% del PIB", como advirtió el propio Rutte, a la salida de su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, para llevarle el documento.

Estupor y sorpresa

La paradoja es evidente: mientras el Gobierno impone sin votación un gasto estructural de más de 10.000 millones, que compromete contratos a largo plazo con la industria armamentística, al mismo tiempo somete a consulta pública entre los ciudadanos aspectos técnicos sobre la opa del BBVA, lo que ha causado estupor y sorpresa en el sector financiero.

No se recuerda una maniobra así para que el Ejecutivo se decante sobre una operación empresarial. Cabe recordar que la opa ha sido aprobada por unanimidad por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Así, la consulta parece buscar una coartada política para justificar el rechazo del Gobierno, pasando por encima de la CNMC, en contraste con la falta de debate parlamentario sobre decisiones tan graves como la del gasto en Defensa.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL consideran que esta maniobra de Moncloa abre un "grave precedente" que debería obligar a que, a partir de ahora, todas las opa fueran analizadas con el mismo rigor y con el mismo procedimiento por parte del Ejecutivo.

También ha sorprendido el tipo de formulario escogido. Preguntas técnicas vinculadas a la legislación sobre competencia y del sistema financiero, que son desconocidas para la mayor parte de la población.

El recoveco legal que utiliza el Gobierno sobre la Ley de Defensa de la Competencia ha sorprendido a los equipos legales de los dos bancos implicados en la opa -BBVA y Sabadell- y algunos de los abogados del derecho de los negocios más avezados en este tipo de procesos.

La consulta pública abierta para recabar argumentos a favor y en contra de la opa abre una batalla jurídica sobre la validez legal de este tipo de procesos populares, su perímetro de actuación y el precedente que abren para realizar consultas similares sobre otras cuestiones a modo de cuasi referéndum.

Si bien desde el punto de vista estricto del derecho de los negocios a este tipo de consultas no se les debe considerar referendos, porque se asimilan a procesos legales de análisis sobre leyes o cuestiones administrativas, varios de los grandes despachos de abogados consultados advierten que el margen de discrecionalidad que se abre es muy peligroso.

Ya no es solo que no existen elementos para valorar y ponderar los argumentos que se recojan en la consulta, las dudas legales planean sobre el propio concepto de esa figura y, sobre todo, sobre el perímetro social que se decida: todos los ciudadanos, solo unos pocos, unas CCAA sí y otras no.

Si atendemos a lo que los juristas llaman el "espíritu de la ley", los artículos 10.4 y 60 de la Ley de Defensa de la Competencia en los que se ampara la consulta, están previstos para situaciones en las que Competencia bloquea un proceso y, con otros criterios sociales o políticos distintos más favorables, se pueden suavizar las condiciones impuestas.

Pero la falta de un desarrollo reglamentario ad hoc y de algún tipo de precedente jurídico impide dar por descontada esa interpretación y contemplar bajo toda la legalidad que la consulta ofrezca un empeoramiento de las condiciones que dé al traste con la fusión.

Las críticas llegan también desde la patronal. Este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, señalaba que "no es comprensible que el Gobierno lance una consulta pública porque descalifica en cierta medida a la CNMC y supone renunciar a la propia responsabilidad del Ejecutivo a la hora de tomar una decisión sobre la operación".

Opiniones a favor

Ahora bien, tal y como informa Elena Lozano, asociaciones de consumidores y pequeños accionistas sí creen que este proceso puede ser una buena oportunidad para expresar su opinión sobre el proceso de la opa.

"La audiencia que no nos permitió la CNMC nos la permite él. Lo que no se pudo decir, lo podremos decir", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Jordi Casas, presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell y de la Fundación por la Industria.

También la asociación de usuarios financieros Asufin, valora positivamente la apertura de la consulta pública para poder dar su opinión sobre la opa, un proceso que les ha tenido en contra desde el primer momento.

"Volveremos a manifestarnos públicamente en contra de esta opa. Lo hacemos por varias razones. En primer lugar, porque la concentración bancaria en nuestro país no ha sido buena para el consumidor. Ha reducido empleados y, por tanto, una atención personalizada. Ha reducido las oficinas y, por tanto, el acceso, la cercanía de los ciudadanos a las entidades financieras, favoreciendo una exclusión financiera. Y, sobre todo, lo más importante: la concentración bancaria ha supuesto una limitación de la competencia", traslada a este periódico Patricia Suárez, presidenta de la asociación.