Alvise Pérez.
El Supremo abre una tercera causa penal contra Alvise por sus mensajes contra la fiscal de delitos de odio de Valencia
La Sala de lo Penal ha designado al magistrado Juan Ramón Berdugo como instructor de esta investigación.
Más información: El juez plantea enviar al Supremo la causa contra Alvise por implicar "a los gitanos" en la muerte del joven Álvaro Prieto
El Tribunal Supremo (TS) ha abierto una tercera causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, por los mensajes dirigidos en Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
La Sala de lo Penal ha designado al magistrado Juan Ramón Berdugo como instructor de esta investigación, la tercera que abre el alto tribunal contra el eurodiputado.
El pasado abril el Alto Tribunal acordó investigarle por presunta financiación ilegal de 100.000 euros de un empresario para su formación política Se Acabó La Fiesta en las elecciones europeas. También le investigapor haber presuntamente falsificado una PCR del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Ahora el tribunal acuerda abrir una nueva investigación al eurodiputado al considerar que hubo una "persecución de centenares de personas" contra Gisbert: "la actuación del denunciado puede responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso,conocido como stalking", señala.
El TS basa su decisión en la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valencia, que incoó diligencias tras la denuncia interpuesta por la fiscal Susana Gisbert contra Alvise por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales.
En su denuncia, la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en su contra en un chat de Telegram y que habían favorecido que personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales en las que la denunciante está registrada.
En concreto, Alvise tildó a los fiscales de delitos de odio de responsables de una persecución ideológica, les acusó de multar e intentar encarcelar a quienes hablan de "invasión" migratoria, instó a buscar sus identidades y publicó la imagen de Susana Gisbert, acusándola de pedir prisión y multas por mensajes sobre migración.
Esta publicación suscitó reacciones de 1.500 seguidores que expresaron insultos o la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal y divulgaron perfiles suyos en varias redes sociales o el perfil de su hija, algo que el Supremo denomina como un "reto" iniciado por el eurodiputado.
Tras esto, Alvise publicó un segundo mensaje con otra imagen de la fiscal junto a una periodista y sostuvo que "ahora las perseguidas son ellas".
"Su llamada (la de Alvise) a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción, [...] recogiendo en su segundo llamamiento incluso que era consciente de que «ahora las perseguidas son ellas», muestra indiciariamente que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima", sostiene el TS en su resolución.
Al contrario que la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ve indicios delitos de odio, amenazas o coacciones, pero sí considera que Alvise podría haber cometido un presunto delito de acoso y sostiene asimismo que no puede excluirse la posible incitación a perpetrar una agresión o intimidación grave contra la autoridad.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Congreso, en una imagen de archivo./](["https:\/\/s1.elespanol.com\/2025\/05\/07\/actualidad\/1003743747276_255391558_1706x1080.jpg"])
