El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio en el Congreso.
Sánchez y Feijóo afrontan un choque total sin acuerdo sobre el apagón, las nucleares, el gasto militar y los aranceles de Trump
Sánchez queda en manos de Junts y Podemos para aprobar el decreto de ayudas frente a los aranceles: el PP votará en contra porque el Gobierno no acepta prorrogar la vida de las nucleares.
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Ni siquiera la grave crisis internacional, con la guerra comercial desatada por Donald Trump y la amenaza de Putin acechando a las puertas de Europa, ha hecho posible un pacto de Estado entre los dos grandes partidos.
El presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se dirigen esta semana a un choque frontal, sin posibilidades aparentes de acuerdo.
En dos asaltos. El miércoles, Sánchez comparece ante el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión del apagón (pero no sobre sus causas) y sobre el plan de Defensa, rechazado por sus socios, que incrementará el gasto militar en 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB.
Es sólo un primer paso, pues el secretario general de la OTAN, Marc Rutte, ya ha anticipado que habrá que llegar pronto al 3% del PIB (lo que supondría otros 10.000 millones de euros) para garantizar la seguridad de Europa.
Y el jueves, el Pleno del Congreso votará el decreto ley de 4.100 millones de euros en créditos y ayudas para hacer frente a los aranceles de Trump.
Para sacar adelante esta iniciativa, Sánchez está de nuevo en manos de socios tan inestables como Junts (que siempre exige contrapartidas a cambio del sí en cualquier votación) y Podemos, que se desliza hacia una oposición frontal al Gobierno.
El PP ya ha anunciado que votará en contra, porque el Gobierno no ha querido incorporar ninguna de sus propuestas, que incluían la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía (que encarece la factura de la luz) y un plan de infraestructuras hídricas para garantizar el suministro de agua.
Los populares estaban convencidos de que el acuerdo estaba próximo. Especialmente tras el apagón del lunes, que puso en evidencia la necesidad de contar con una energía de respaldo como la nuclear (etiquetada como verde por la UE), que asegure la estabilidad del sistema frente a las fluctuaciones provocadas por las renovables.
Sin embargo, el vicesecretario del PP Juan Bravo se levantó de la mesa de negociación el miércoles, tras la última reunión infructuosa con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El presidente Pedro Sánchez ya había dejado entrever la posición inamovible del Gobierno, al asegurar en su comparecencia del martes que, durante el apagón, "lejos de ser una solución, las centrales nucleares han sido un problema". En contra de lo que sostienen técnicos y expertos.
El PP registró el pasado mes de octubre en el Congreso una Proposición no de Ley, que aún no se ha debatido, en la que pide reconsiderar el cierre de las nucleares y eliminar impuestos en la factura de la luz.
También reclama elaborar un Plan nacional para el despliegue de energías renovables que garantice el equilibrio eficiente entre las distintas fuentes en el mix, con el fin de garantizar la estabilidad de la red y evitar situaciones como el apagón del lunes.
El Gobierno ya ha anticipado que Pedro Sánchez podrá ofrecer este miércoles ante el Pleno del Congreso explicaciones sobre la gestión del apagón, pero no sobre sus causas, ya que la investigación que dirige la ministra Sara Aagesen es tan compleja que difícilmente podrán conocerse sus conclusiones antes de tres meses.
Los populares consideran que el Gobierno se limita a lanzar sucesivas cortinas de humo para no reconocer el diagnóstico realizado por técnicos y expertos: que la apuesta del Gobierno por elevar al máximo la presencia de renovables en el mix energético llevó al límite el sistema, y puede provocar un incidente similar a corto plazo.
La larga investigación que anuncia el Gobierno aleja el debate sobre las causas de lo sucedido, y sus posibles soluciones.
Por un lado, el Ejecutivo mantiene viva la tesis del ciberataque (que ya ha descartado Red Eléctrica) y anuncia que enviará a personal del CNI a las compañías eléctricas, para recabar datos que puedan acreditar una intrusión externa.
De forma paralela, el Gobierno desvía la responsabilidad hacia las compañías eléctricas, para evitar el daño reputacional a la semipública Red Eléctrica, cuya cotización cayó un 7% entre el miércoles y el viernes.
En su rueda de prensa del martes, y sin conocer aún las causas de lo ocurrido, Pedro Sánchez reiteró hasta tres veces que el Gobierno tiene intención de "exigir responsabilidades a los operadores privados", dijo en una equívoca alusión a las generadoras de energía.
Y el viernes el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó a la voracidad de las compañías eléctricas: señaló que el año pasado "ganaron 11.249 millones de euros, pero les parece poco y han puesto a trabajar a sus lobistas". Puente acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de complicidad con las eléctricas y aseguró que "trabaja directamente para ellas".
Al igual que Ione Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz, el secretario general de la coalición Izquierda Unida (integrada en Sumar), Antonio Maíllo, arrojó este domingo sospechas sobre las eléctricas: acusó a estas compañías de ocultar datos al Gobierno mientras arman su "relato", para evitar que les "salpique" el apagón.
Durante su participación en la asamblea de IU de Extremadura, Maíllo indicó que la semipública Red Eléctrica, que preside Beatriz Corredor, tendrá que dar "muchas explicaciones" sobre el fundido total del lunes, pero a continuación elogió la "diligencia" con la que ha actuado el Gobierno.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó el viernes una auditoría internacional independiente, porque no se fía de las conclusiones que presente el Gobierno. Aunque los populares muestran su "total confianza" en el análisis que va a realizar el Grupo Europeo de Coordinación de la Electricidad de la Comisión Europea, a petición de Portugal.
Pero esto sólo es una parte del problema al que se enfrenta el presidente Pedro Sánchez esta semana. En su comparecencia del miércoles ante el Congreso, tendrá que escuchar las críticas de buena parte de sus socios, que desaprueban el desembolso adicional de 10.471 millones de euros que el Gobierno va a hacer este año, para cumplir el compromiso de gasto militar adquirido con la UE y la OTAN.
Especialmente virulentas serán las críticas de Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, califica a Sánchez como un "señor de la guerra", le acusa de "arrodillarse ante el fascista Trump" y de dejarse llevar por la espiral "belicista" en la que están inmersas la UE y la OTAN.
Consciente de la posición de sus socios, Sánchez está determinado a financiar su plan de Defensa sin Presupuestos del Estado, mediante modificaciones de crédito, que aprueba el Consejo de Ministros sin pasar por las Cortes, para no tener que afrontar una nueva derrota parlamentaria.
![Pedro Sánchez, este miércoles durante su intervención en la tribuna del Congreso.](["https:\/\/s1.elespanol.com\/2025\/05\/07\/actualidad\/1003743747255_255393386_1706x1280.jpg"])
